No tenemos duda, existe consenso absoluto sobre la urgencia de modernizar nuestro Estado. Propósito central en la agenda pública y política del país. En efecto, se trata de lograr mejorar eficiencia y eficacia, garantizar la responsabilidad fiscal, profundizar la transparencia y probidad y reconocer la participación y empoderamiento social. Mas aún, en el actual contexto de las demandas ciudadanas -y su consecuente exigencia de servicios de calidad de una nueva y mejor gestión pública-, apremiados por la incertidumbre y desazón propias de esta notable crisis de confianza pública y frustración que se ha instalado.
Todos nosotros estamos constantemente realizando gestiones ante el Estado, lo que nos demanda tiempo, dinero y una buena dosis de paciencia. Las estadísticas son reveladoras y muestran que existen miles de trámites en los que debemos participar. Por ejemplo, la introducción de la clave única ha permitido digitalizar más de 1700 procedimientos hasta ahora, lo que ha significado mayor comodidad, rapidez y una considerable reducción del tiempo invertido por la ciudadanía. Sin embargo, aunque actualmente más del 80% de los procesos ante el Estado se realizan de manera digital, aún queda un largo camino por recorrer en este sentido.
Al respecto, ya en el 2019 se publicó la Ley de Transformación Digital en Chile, con el propósito de digitalizar de manera gradual –hasta el 2027- todos los procedimientos administrativos de las instituciones del Estado, lo que involucra a los más de 900 organismos, incluidos las municipalidades.
El objetivo es modernizar el Estado mediante la exigencia de comunicaciones y notificaciones electrónicas; procedimientos administrativos y expedientes electrónicos (que deberán estar disponibles en plataformas electrónicas), digitalización de todos los
documentos y procedimientos administrativos. Ello, además de la importante e indispensable interoperabilidad entre las instituciones públicas.
Su puesta en marcha han supuesto -y supondrán- tareas grandes y complejas, tales como la elección de las tecnologías; actualización, integración y/o gestión de múltiples plataformas; incorporación de la firma electrónica; diseño de mecanismos de registro y conservación fidedignos, etc. Y más importante aún… la obligación de que los procedimientos y medios electrónicos deben ser capaces de interactuar y operar entre sí al interior de la administración del Estado, terminado así con el extendido y detestable “compra huevos”, vale decir, con ese conjunto de trámites burocráticos, generalmente inútiles e innecesarios y el desvío de la responsabilidad hacia otras entidades
administrativas. La razón es clara: si cuentan con toda la información personal -necesaria y autorizada— de los ciudadanos, entonces deben adaptarse y utilizarla de manera eficiente. Será un buen momento también para simplificar trámites y permisos.
Avances y desafíos
En la actualidad, todos los municipios del país, con distintas velocidades, están trabajando en la implementación -obligación legal, por lo demás- de sus agendas de modernización y transformación digital. En muchas de ellas la digitalización de servicios y procedimientos ya está operando. Algunas han establecido plataformas digitales para realizar trámites, servicios y hasta transacciones en línea. Tal es el caso del pago del permiso de circulación, de multas, de derechos, o de otros pagos de servicios municipales.
Sin embargo, debido a que la heterogeneidad entre municipalidades (con las significativas asimetrías y brechas que tiene el sector) es constante y habitual, las diferencias se hacen evidentes, porque solo unas pocas cuentan con la capacidad para adoptar de manera decidida herramientas de innovación, de inteligencia, o para poner en marcha nuevas ideas, tecnologías y procesos. Las más prósperas han desarrollado programas de “Gobierno Digital” con modernas herramientas de gestión, con mecanismos de participación ciudadana, plataformas de consultas, votación en líneas, gestión documental, herramientas para la fiscalización, etc. Algunas de ellas ya se han asomado a
la construcción de “Smart City”, usando alta tecnología, como IoT (Internet de las Cosas), big data, la instalación de Hub locales e IA, con el propósito de mejorar la gestión urbana, de recolección de residuos, del tráfico o la calidad de vida de los ciudadanos. Un capítulo especial corresponde a la construcción de los cimientos para la integración de plataformas y fusión de la data, que nos provee la Inteligencia Artificial y las herramientas de la Seguridad Ciudadana.
Es importante señalar que las municipalidades aún no han alcanzado un nivel de desarrollo digital maduro. Hay que impulsar con determinación la incorporación de la ciudadanía al entorno digital. Persisten desafíos importantes para alcanzar el rol, protagónico que se exige a los gobiernos locales. Es necesario actuar con agilidad y rapidez para satisfacer la creciente demanda de soluciones tecnológicas. Es necesario dotar de la suficiente infraestructura tecnológica, de resolver los problemas con la conectividad, de disponer de amplios procesos de formación y capacitación, así como un esfuerzo sostenido para definir una estrategia digital adecuada, gestionar los datos de manera actualizada y robustecer los procedimientos esenciales que permitan afrontar los riesgos y vulnerabilidades ante ciberataques. Asimismo, se requiere preparar la necesaria interoperabilidad entre sistemas y plataformas, y garantizar que todas las municipalidades del país cuenten con la infraestructura tecnológica requerida.
Ninguno los avances en la transformación digital de Chile será viable si no existen algunos ejes y factores esenciales: capacidad institucional necesaria para llevar a cabo y expandir la transformación digital; coordinación indispensable entre los distintos niveles del Estado; necesidad de destinar los recursos indispensables que requiere y exige la gestión municipal, ofreciendo una asistencia constante y acompañamiento a los municipios que presentan mayores vulnerabilidades y desafíos y poseen menos recursos disponibles.
Eso si. No se debe dejar de lado, como un reto imperioso, el adaptar y “movermel aparato público”, acabar con la sobrecarga burocrática y adoptar una cultura de innovación que logre imponerse y prevalecer ante la resistencia al cambio, que impregne a toda la estructura institucional y a sus funcionarios. Que permita flexibilizar procesos y vencer los miedos a lo nuevo, así como superar los hábitos arraigados que obstaculizan las conductas necesarias para la transformación. En este proceso, el liderazgo de las autoridades resulta fundamental. (Red NP)
Jaime Belmar Labbé
Sociólogo
