La prolongación del conflicto armado iniciado por Donald Trump trajo como consecuencia un alza inusitada del petróleo, suficiente para alterar la agenda de cualquier gobierno, convirtiendo el alza de los combustibles en el principal problema del país, por la centralidad que tiene hoy el transporte en la economía y la vida cotidiana de las personas.

El inédito control de la agenda pública que había mostrado el nuevo gobierno incluso desde el día de su triunfo en segunda vuelta terminó abruptamente a menos de dos semanas de iniciado su mandato, junto con una luna de miel que todo indicaba sería bastante más prolongada que la de su predecesor e inesperadamente batió su récord, convirtiéndose en luna de hiel sólo 13 días después del 11 de marzo, cuando todas las encuestas, partiendo por Cadem, mostraron que el rechazo se imponía a la aprobación.

Como es inverosímil que el gobierno no tuviera consciencia de que perdería el apoyo mayoritario del país trasladando inmediatamente el alza del petróleo al precio de la bencina y el diesel, debemos preguntarnos qué lo llevó a optar por ese camino en lugar de hacer todos los esfuerzos financieros, incluido el endeudamiento, para amortiguar el impacto del alza sobre los consumidores.

En lugar de intentar defender su popularidad, optó por la defensa de su agenda programática y apostó a aguantar el chaparrón sin sacrificar los recursos necesarios para enfrentar sus prioridades, con la ventaja de que enfrentará la primera medición electoral recién el 29 de octubre de 2028. Su apuesta, entonces, es que a esas alturas tendrá resultados que mostrar en seguridad, crecimiento y control migratorio, y estarán olvidadas las dificultades de esta crisis.

El efecto de esta decisión fue la vertiginosa caída del respaldo popular al gobierno reflejada en todas las encuestas, caída que muy probablemente se profundizará en las semanas que siguen si la guerra se prolonga y el alza de los combustibles comienza a tener repercusiones sobre el precio del pan y otras necesidades básicas.

En una medida inesperada pero inteligente, le cargó a la industria el costo de las medidas de mitigación destinadas a reducir los efectos del alza en la población más vulnerable, retomando una antigua reivindicación de la izquierda, la universalización del pago del impuesto específico al combustible, que intenté impulsar sin éxito con gobiernos de distinto signo político en mis tiempos de parlamentario. Paradojas de la vida, el gobierno que asume con la rebaja de impuestos a las empresas como una de sus promesas principales, se ve obligado a comenzar su gestión con un alza efectiva de su tributación.

El camino que tomó el gobierno comporta riesgos importantes. El primero es relativo a la difícil reversibilidad del apoyo popular, pues cuando en momentos importantes las personas se forman un juicio sobre sus autoridades, particularmente su capacidad y credibilidad para empatizar con sus problemas, ese juicio tiende a consolidarse independientemente de lo que se haga más tarde.

El efecto de la desconsideración inicial del gobierno de Boric sobre la importancia de la seguridad ciudadana no pudo ser revertido a pesar de la enorme batería de leyes y acciones emprendidas por su gobierno posteriormente. El dato más complejo que entregan las encuestas hoy es el de la evaluación ultramayoritaria de falta de empatía del gobierno en esta crisis.

El segundo riesgo es el debilitamiento del apoyo político asociado a la pérdida de popularidad. Ocurre primero con quienes están fuera del gobierno pero disponibles a apoyar algunas de sus iniciativas legales, que el incentivo a colaborar es directamente proporcional al apoyo popular del gobierno. A éste se le hará más difícil, sin duda, conseguir votos más allá de los propios, salvo para medidas que conciten apoyo muy mayoritario, como las propuestas en materia de seguridad y migración.

Pero no es sólo la oposición la que aminora su disposición a colaborar, sino también las fuerzas políticas de gobierno, que se transforman rápidamente en actores demandantes de la ampliación de las medidas amortiguadoras de la crisis y florecen aquellos que se resisten a bancarse medidas imprescindibles pero impopulares a las que se ven obligadas los gobiernos por las circunstancias o por su propio programa político.

La bancada del Partido Nacional Libertario, además, no participa del gobierno y ya mostró su independencia votando en contra de la primera renovación del estado de excepción en la Araucanía del gobierno de Kast, en una señal de que analizará cada iniciativa legal en su mérito.

Basta recordar cómo se comportó la bancada de RN con los retiros de fondos previsionales en el gobierno de Piñera, su gobierno, para imaginar los riesgos de desmarque en iniciativas impopulares propuestas por un gobierno al que arribaron sólo en la segunda vuelta y en el que no les fue concedido un nivel de participación demasiado relevante.

En esta coyuntura crítica, el gobierno parece haber optado por afirmar su apoyo propio antes que perseguir la ilusión de ampliar su base, como si esta posibilidad hubiera sido clausurada por la crisis. Es en ese marco que se inscribe la decisión de retirar el apoyo a Bachelet y de avanzar con los indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Aguantar el chaparrón guareciéndose entre los suyos sin decepcionar a su barra brava, ése parece ser el objetivo, quizás con la mirada puesta en la experiencia de lo ocurrido con el presidente Piñera en 2019 y 2020, que tomó el camino contrario y terminó acosado por los opositores y abandonado por los suyos.

No se puede descartar que esta coyuntura tenga en el gobierno de Kast el mismo efecto que tuvo el plebiscito de 2022 sobre el gobierno de Boric, viéndose obligado a solidificar el apoyo político de la derecha incorporando en un futuro próximo de manera más orgánica a sus principales partidos. (Ex Ante)

Pepe Auth