En el trimestre junio-agosto, la desocupación llegó a 9,6%, esto es, un punto más que hace un año. Hay 989.400 personas sin trabajo (la cifra más alta desde mayo de 2021) y la ocupación informal está en 26,3%.

No se trata de un mal mes o de unos cuantos meses malos. Se trata de una crisis, con rostro humano, producto de un mercado que no se recuperó de la pandemia y que, a diferencia de la OCDE y de América Latina, en 2025 sigue peor que en 2019.

En el Congreso se quejan y piden acciones urgentes, pero atención ¡No han sido espectadores de la crisis de empleo que vive nuestro país! Es la instancia donde se votaron, una tras otra, las normas que encarecieron la contratación.

En el Informe de Política Monetaria de septiembre de 2025 el Banco Central señaló “el empleo ha tenido un crecimiento acotado y la tasa de desempleo se ubica por sobre sus niveles previos a la pandemia”, añadiendo que “la tasa de creación neta de empleo formal ha sido mayormente negativa o cercana a cero desde 2023 a la fecha”, que “el tiempo de búsqueda de empleo formal ha ido al alza desde 2023” y que “los costos laborales han estado creciendo por encima de su promedio prepandemia”.

Un año después, en el IPoM de septiembre de 2026, concluye que “el débil desempeño del mercado laboral chileno de los últimos años se explica, de manera relevante, por factores persistentes”, entre ellos “aumentos importantes de los costos laborales, en medio de un proceso de adopción tecnológica que se ha acelerado”. Eso, dice el texto, “estaría debilitando persistentemente la creación de empleo y presionando al alza el desempleo”.

Eso no lo decretó el mercado. Lo votó el Congreso.

La primera pieza de esta década es de la expresidenta Bachelet. La Ley 20.940, de 2016, prohibió el reemplazo en huelga, amplió la negociación colectiva y fijó un piso de negociación, elevando el costo esperado del conflicto. La aprobó la Nueva Mayoría. Chile Vamos votó en contra. Diez años después sigue en el Código.

El salto que el Banco Central puede medir es posterior. El Ipom de 2025 relaciona el aumento de los costos laborales a “las leyes de salario mínimo y reducción de jornada laboral”, y dice que “cuantitativamente, se ratifica el impacto negativo en empleo del aumento de los costos laborales”.

Sobre el salario mínimo, el marco jurídico impulsado por el expresidente Gabriel Boric estipuló incrementos de 7,3% en mayo de 2023, 4,5% en septiembre de 2023, 8,7% en julio de 2024 y 2,1% en enero de 2025 —acumulando un alza de 24,5% entre abril 2023 y enero 2025, comparado con el aumento acumulado del IPC de 7,0% durante el mismo período. El resultado (dice el Central): “en promedio entre marzo de 2023 y abril de 2025, los salarios de las empresas con más trabajadores afectos al salario mínimo crecieron 4,8% más que los de empresas con menos trabajadores afectos. Al mismo tiempo, el empleo de esas empresas cayó en promedio 5,6% respecto del empleo de las menos afectadas”.

El efecto no se quedó en quién ganaba exactamente el piso: “no solo se observa en los trabajadores que reciben el salario mínimo, sino también en aquellos cuyo salario se ubica cercano a éste”.

La Ley de 40 horas, también del expresidente Boric, bajó la jornada de 45 a 40 sin rebajar el sueldo mensual: 44 horas en 2024, 42 en 2026, 40 en 2028. El IPoM de 2025 la nombra, junto al salario mínimo, como una de las medidas legislativas que explican el comportamiento del empleo. En el último trámite de la Cámara hubo 127 votos a favor y 14 en contra (del Partido Republicano). La flexibilidad (promedio y banco de horas) negociada por Chile Vamos, que la aprobó, atenuó el diseño, pero no anuló el encarecimiento.

El Banco Central no dice que estas leyes expliquen por sí solas el 9,6%, pues también hay actividad débil y automatización, pero señala lo obvio: un costo laboral más alto hace más rentable sustituir trabajo por capital.

Al poco andar vino la reforma a las pensiones del expresidente Boric, con una nueva cotización de cargo del empleador que, sumada al seguro de invalidez y sobrevivencia, llega a 8,5% en 2033. El Senado la aprobó 40 a 7; la Cámara, 110 a 38. El acuerdo fue del ex gobierno con la mayor parte de Chile Vamos.

El IPoM de 2025 no alcanza a medir esa cotización, pero el de 2026 ya habla de “aumentos importantes de los costos laborales” como factor persistente.

El desempleo tiene responsables. Ya basta de hacerse los lesos. Una parte decisiva del actual oficialismo votó esas leyes y deben hacerse cargo. Con todo, la responsabilidad mayor, es de quienes las impulsaron y que hoy, desde la oposición, las defienden como intocables y tienen el tupé de dar lecciones sobre lo que debe hacer el gobierno actual.

Así, la angustia del casi millón de desocupados (y de sus familias) es el resultado de malas leyes promovidas y votadas con nombre y apellido.

El Congreso puede seguir escondiéndose en su propio número y procesos: 155 diputados y 50 senadores, dos cámaras, comisiones e indicaciones. También, en promesas que sonaban bien, pero que terminaron muy mal, o en subsidios temporales que solo sirvieron para ocultar la real crisis que estaban contribuyendo a crear.

Ya no sirve decir “es que solo voté una parte”, “negocié otra” o “encarecí el costo, pero aprobé un subsidio”. Casi un millón de desempleados amerita otro nivel de compromiso y responsabilidad. Y el juicio ciudadano no se disuelve con el quórum.

Este Congreso, con nuevos miembros, debe -y con urgencia- mirar el costo por hora, la tasa natural de desempleo y las 989.400 personas que las legislaturas anteriores ayudaron a dejar fuera. Tiene la palabra para desandar el camino al precipicio, apoyando y promoviendo medidas estructurales sino quiere ser cómplice de la emergencia laboral. (Ex Ante)

Natalia González