Probablemente todo Chile siguió los denodados esfuerzos de Jeannette Jara por acomodar su afinidad ideológica con el régimen imperante en Cuba, a la realidad conceptual de ese mismo régimen. Comenzó con el planteamiento de “una democracia diferente”, que no por improbable podía dejar de considerarse un hábil esfuerzo por salir del paso, pero finalmente debió aceptar la realidad de los hechos: el que lo justifique, lo valore positivamente o adhiera a él, no pudo impedirle reconocer que las características objetivas que describen al sistema político cubano no satisfacen los requisitos mínimos que permitan calificarlo como una democracia. Y eso fue lo que ella terminó por admitir.
Algo análogo ocurre en nuestro país con quienes -quizás porque lo justifican, lo valoran positivamente o adhieren a él- niegan que las características objetivas del sistema político encabezado por las Fuerzas Armadas en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 no permiten calificarlo como una democracia. Que niegan que, no obstante sus diferentes orígenes y orientaciones ideológicas y valóricas, la que vivimos en Chile en el pasado reciente fue una dictadura tal como lo es la que vive Cuba hoy.
En ambos casos esa certeza encuentra fundamento en situaciones objetivas, hechos comprobables, realidades históricas que la negación o el recurso a hábiles juegos de palabra –“democracia diferente”, “régimen militar”- no pueden ocultar.
En la misma categoría de realidades históricas, de hechos comprobados, caben, en el caso de Chile, la perpetración de crímenes -catalogados como tales por cualquier sistema jurídico democrático- y la violación sistemática y consciente de Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura militar. Entre ellos, el asesinato y la desaparición de personas.
La constatación de esa realidad y sobre todo admitirla y, en los casos que ha correspondido, juzgarla al grado de originar penas rigurosas a quienes cometieron esos crímenes, ha sido parte del proceso de sanación de nuestra convivencia como individuos llamados a vivir bajo un mismo sol en esta que es nuestra casa común: Chile. Y parte también del proceso de reconstrucción de la democracia como forma de organización y desarrollo de esa convivencia.
Existen, sin embargo, situaciones que perduran y que inevitablemente se levantan como obstáculos a la completitud de esos procesos. Situaciones que, aunque ya lejanas en el pasado, siguen latiendo vivas en el dolor y el recuerdo. Una de ellas, sin duda la principal, es la existencia de personas desaparecidas. Chilenas y chilenos que, no obstante, la certeza en la mayoría de los casos de que fueron víctimas de asesinatos, nunca contaron con la evidencia definitiva que permitiera afirmar el fin de sus vidas. Nunca permitieron, a sus deudos, cerrar ese episodio con un duelo definitivo.
Esa circunstancia que, hay que repetirlo, a pesar del tiempo transcurrido sigue vigente como factor que afecta a nuestra convivencia y como motivo de un dolor permanente para quienes son víctimas de ella, explica y justifica la decisión de llevar a la práctica un “Plan nacional de búsqueda de verdad y justicia”. Una decisión del actual gobierno que no fue objetada por ninguna fuerza política, conscientes todos, o casi todos en Chile, que se trata de una situación que se debe superar. Que la información definitiva y constatable de lo ocurrido debe ser conocida y que, si existen restos humanos localizables, sean identificados y entregados a sus deudos para que ellos hagan el duelo final que les permita reiniciar sus existencias sin ser portadores de un dolor que no acaba.
La única condición para que este instrumento de sanación sea efectivo es que nadie tergiverse el fin superior que persigue. Que nadie acometa la bajeza de convertirlo en un instrumento político, de transformarlo en un arma arrojadiza que lanzar al corazón de sus oponentes.
La semana que pasó nos trajo una situación que puso a prueba esa condición. El número de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, consideradas en el Plan Nacional de Búsqueda, se eleva a 1.162 personas (originalmente estaban informadas 1.469 personas, de las cuales 307 han podido ser encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares desde antes de la operación del Plan). De esos 1.162 casos, una información periodística dada a conocer el domingo pasado por un canal de televisión reveló que uno, el de una mujer cuya hija recibía una pensión de reparación estatal por su condición de hija de detenido desaparecido, estaba viva y residía en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Se trata de una situación que representa menos de una milésima de los casos informados y el error de información original no debería haber tenido mayor repercusión, como normalmente no la tendría que dos, tres a aún diez casos investigados arrojen situaciones semejantes. Se trata de un margen de error posible dada la magnitud de los casos. Sin embargo, la situación de esta persona se enrareció debido a que fue también revelado que el gobierno -como resultado del propio Plan de Búsqueda- estaba en conocimiento de su existencia desde hacía algunos meses y no la había hecho pública.
Puede tratarse de un error del gobierno o de la decisión de una o más personas dentro del mismo de ocultar la información porque pudieron haber pensado que perjudicaba sus intereses políticos. Como quiera que haya sido, es algo de lo que el mismo gobierno debe dar debida cuenta -hasta ahora sólo se han conocido balbuceos del ministro de Seguridad Pública, ex de Justicia y Derechos Humanos- y, en el caso en que haya habido responsabilidades personales, actuar en consecuencia operando las sanciones políticas, administrativas o aún penales que correspondan.
Pero también a la oposición le corresponde actuar de manera consecuente con su compromiso con la verdad y la justicia, y no ir más allá de la exigencia de ese debido esclarecimiento de lo ocurrido por parte del gobierno. Para que este caso no derive en un intercambio de dardos políticos que lleven a la deslegitimación del Plan de Búsqueda o, todavía más grave, para que no lleve a poner en duda la existencia de personas desaparecidas.
Porque el hecho objetivo, la realidad histórica, nos sigue mostrando la existencia de más de mil personas de quienes, ni sus familiares ni nadie en Chile, sabe si han muerto o aún viven, en qué circunstancias perdieron la vida si es que la perdieron y dónde están sus restos si es posible rescatarlos. Y tratar de superar esa situación es lo que más importa. (El Líbero)
Álvaro Briones
