Tiene enorme trascendencia el debate abierto por las iniciativas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Kast. Se trata de articular una vigorosa política de Estado para proteger mejor que hoy a la población y, en definitiva, asegurar la paz, la libertad y el derecho en nuestra convivencia. Nada es más urgente que hacer retroceder al crimen organizado. Y ello implica, desbaratar las numerosas bandas transnacionales que ganaron terreno en los años recientes.
¿Deben participar las FFAA en tal empeño? Por supuesto que sí. ¿En qué condiciones? En aquellas que potencien la capacidad operativa del Estado en una batalla en la que, en determinados momentos, la aplicación de la fuerza define las posibilidades de avance o retroceso. Es válida la preocupación respecto de que las instituciones de la Defensa no se desnaturalicen y que los roles militar y policial no se confundan. Sabemos que el ámbito del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se diferencia del de Carabineros y la PDI, pero se trata de un solo país, cuyas necesidades demandan un esfuerzo unificado.
A estas alturas, es difícil sostener que la seguridad nacional y la seguridad pública son campos separados. O que la defensa de la soberanía no se relaciona con el combate contra el crimen transnacional. No se entienden, por lo tanto, los argumentos que tienen como principal preocupación que a los militares no se les confunda con los policías, o la idea de que “cada institución en lo suyo”. Sería lamentable que las susceptibilidades o celos institucionales obstaculizaran el esfuerzo por llevar adelante una tarea en la que se juega el interés nacional. Naturalmente, no pueden surgir equívocos sobre la cuestión del mando, y eso exige que los ministros de Seguridad y Defensa actúen en estrecha sintonía. Y, como es obvio, el jefe del Estado debe usar plenamente sus atribuciones constitucionales.
Es probable que las nuevas exigencias obliguen a racionalizar los recursos disponibles y a revisar las funciones atendidas tradicionalmente por cada institución, por ejemplo, si debe mantenerse o no el esquema actual de resguardo de las fronteras. Es indispensable profundizar la colaboración entre las instituciones, lo cual supone definir objetivos comunes, compartir inteligencia, repartir tareas y, en determinados momentos, acción directa conjunta. La prolongada emergencia en la macrozona sur debería haber dejado experiencias que merecen ser sistematizadas.
No basta con decir que las fuerzas militares están entrenadas para operar con armamento de guerra en un escenario bélico clásico, y que no deben actuar en las ciudades por el riesgo de dañar a la población. ¿Y por qué creer que el despliegue de tropas sería la única forma de contribuir, por ejemplo, a neutralizar a una banda narco o un grupo de sicarios? ¿Acaso las FFAA no tienen comandos de elite para enfrentar diversas emergencias en la ciudad u operar en condiciones muy difíciles? ¿Qué puede impedir que, en determinadas circunstancias, las fuerzas policiales reciban apoyo militar calificado?
La cuestión de las reglas del uso de la fuerza debe dejar de ser un tema de controversia. Hay un marco legal ya definido. Es necesario que los efectivos militares y policiales sientan que están debidamente protegidos para que, a su vez, protejan eficazmente a la comunidad y entiendan que ello está en correspondencia con el cumplimiento de los protocolos. El Estado de Derecho debe defenderse dentro del derecho.
No sabemos qué características ni qué envergadura puede llegar a tener el desafío del crimen organizado en el terreno de la fuerza. Un representante de los generales en retiro dijo hace poco que, si los delincuentes usaban armas automáticas, podría justificarse enfrentarlos con armamento semejante. Parece que ese momento llegó, y quizás no estamos lejos de que lleguen a usar drones para atacar a las fuerzas del Estado. Parece útil, entonces, precisar la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, para definir la respuesta adecuada.
Esperemos que el nuevo ministerio de Seguridad alcance un nivel de excelencia profesional comparable al de aquellas naciones que nos sirven de ejemplo en otras áreas. Es indispensable que la Agencia Nacional de Inteligencia se convierta en un cuerpo de primer nivel, que contribuya a proteger al país de las amenazas internas y externas. Pero, es crucial hacer a un lado las barreras corporativas que obstaculizan la acción coordinada de las FFAA y las instituciones policiales. ¡Alguna lección habrá dejado la alevosa agresión extranjera sufrida por Chile en 2019!
La política de seguridad debe comprometer al conjunto del Estado en las tareas de prevención y coacción de las actividades del crimen organizado. No son pocos los riesgos planteados, entre ellos, los derivados del posible deseo de producir impacto mediático al estilo de otros países. No necesitamos espectáculo. El país reclama eficiencia y sobriedad. (Ex Ante)
Sergio Muñoz Riveros