«¡Por fin un Presidente de derecha!» Exclamaron muchos cuando salió electo José Antonio Kast. En ese momento nadie podía prever que una guerra externa iba a sacudir los primeros días de instalación con la fuerza de un terremoto. Y es que, el alza de los combustibles no sólo afecta la médula espinal del aparato productivo ramificándose en precios, modificando incentivos y vaciando lo que quedaba en las billeteras de una ciudadanía extenuada tras cuatro años del peor gobierno que haya tenido el país desde Allende. Además, la llamada crisis de seguridad se ha transformado en un azote que cobra vidas, transforma a nuestros niños en soldados, captura al aparato estatal por dentro y lucra con la destrucción de nuestro futuro. Y es que, según diversos estudios, en proporción a su población, Chile es el país que más droga consume dentro del cono sur.

Sin duda es demasiado pronto para emitir juicios respecto a las decisiones de las autoridades que se enfrentan al legado de Gabriel Boric. ¿Qué significa para el presente nuestro pasado frenteamplista/comunista? Responder esta pregunta es clave si queremos entender las dificultades más críticas.

Los gobernantes ejercen el poder entregando premios y castigos, beneficiando ciertas formas de conducta -por ejemplo, haciendo la vista gorda ante el uso de licencias falsas o “permitiendo” la desaparición de fondos públicos a través de fundaciones-. Así se forjan hábitos y se constituyen verdaderas tribus de lealtades cuya tarea es impedir a las nuevas autoridades el avance de la agenda prometida y promover su fracaso. Parafraseando a Cayetana Álvarez la derecha puede ser electa, pero jamás gobierna porque el aparato estatal está capturado. Y esa es la realidad en nuestro país. Las malas noticias son que la captura del Estado no sólo interesa a los operadores políticos, además, es el botín favorito de los criminales. Estos se organizan, no como antaño para combatirlo, sino para transformarlo en su aliado. Esa, “la otra captura” es la peor amenaza para un país sumido en una crisis económica de proporciones, donde la droga se ha transformado en una de las mayores generadoras de riqueza. Vamos al hueso. En lo que respecta a “esa otra captura” que tanto debiese preocuparnos: ¿está el nuevo gobierno avanzando en la dirección correcta?

El anuncio de un recorte por igual a todos los ministerios fue una triste noticia que, afortunadamente, el Ejecutivo decidió revertir. Y es que, sin seguridad no hay futuro: nadie invierte en un país donde no hay certeza jurídica. Hoy, con la vuelta de la violencia a las calles ni siquiera podemos estar seguros de poder impedir que una nueva asonada de la izquierda antidemocrática termine por imponernos un mamarracho 2.0. Esa sería la tumba de Chile.

Son los ciudadanos de las regiones de Biobío y La Araucanía quienes experimentan con mayor intensidad una vida bajo las reglas y la institucionalidad que rechazamos en septiembre de 2022. Hablamos de terrorismo edulcorado por causas plurinacionales ancestrales, presencia y avance del crimen organizado y suspensión de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad. Todo esto tras más de tres años viviendo bajo el estado de emergencia que se renovó recientemente por parte del Congreso. El problema, como lo señalé en sala, es que se trataba del mismo decreto bajo cuyo imperio se han cometido más de 1.300 actos violentos cuya naturaleza la justicia no ha determinado. Esa es la razón por la que, como senadora electa por la región de La Araucanía, les entregara a los ministros de Defensa y Seguridad un petitorio que sirva de base a la modificación del decreto. Y es que no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo más de lo mismo. ¿Por qué es tan relevante resolver la situación en el sur de nuestro país? Porque hacerlo es la señal más clara y contundente de que habrá mano dura para el resto de las organizaciones criminales.

Las autoridades respondieron positivamente, anunciando cambios en la focalización de los recursos y en las facultades del jefe de la Defensa Nacional. Sin embargo y de manera completamente incomprensible, se nombró a Pedro Marileo como delegado presidencial de Arauco, hombre que, según El Líbero, “participó en una toma de terrenos, declaró en 2016 que apoyaba la «reivindicación de lucha» de Héctor Llaitul por el atentado al fiscal Elgueta, y gestionó ante el gobierno de Boric condiciones penitenciarias para dos condenados cuya libertad exige la Resistencia Mapuche Lafkenche”. El mismo artículo señala que Marileo habla el idioma etnomarxista característico de agrupaciones “violentas” con pretensión territorial. Desde “recuperación de tierras” y Wallmapu hasta de “justicia” para quienes justifican la violencia como método de acción política. Marileo es hombre de Héctor Llaitul y, como tal, apoya una lucha que sólo avanzan ciertos grupos vinculados a actividades ilícitas. Además, ha demandado la erradicación de las empresas forestales. ¿Me puede explicar usted en qué mundo se lo nombra delegado presidencial? ¿Podemos esperar que no sea esta una muestra de “esa otra” captura del Estado y que se trate de uno de esos errores que sólo cometen niños de cinco años cuando encuentran una pistola cargada?

Preocupante. Un gobierno de derecha ha nombrado a un compañero de ruta de las agrupaciones más violentas como máxima autoridad política de la Provincia de Arauco. Esto lo convierte en el interlocutor válido ante las fuerzas policiales y militares que operan bajo el estado de emergencia. En este contexto no importa cuánto se modifique el próximo decreto, ni se invierta en seguridad, pues el poder lo detenta alguien que adhiere al ideario de los grupos violentos con pretensiones territoriales que el Estado debe combatir. La pregunta es por qué…  (El Líbero)

Vannesa Kaiser