Durante décadas, el sistema internacional se sostuvo sobre una ficción útil: la idea de que existía un orden global basado en normas compartidas, capaz de limitar el uso de la fuerza y garantizar la soberanía de los Estados. Esa ficción no desapareció de golpe, sino que fue erosionándose lentamente, hasta que ciertos hechos la volvieron insostenible. La captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense de alta precisión marca, a mi juicio, uno de esos puntos de inflexión. No fue sólo una acción táctica ni un episodio aislado, sino la manifestación inaugural de una nueva forma de ejercer el poder global.
Esta nueva doctrina no ha sido proclamada formalmente ni codificada en documentos oficiales. No lo necesita. Su esencia no está en el discurso, sino en el acto. Se expresa a través de una lógica simple y contundente: cuando una superpotencia decide actuar, lo hace sin pedir permiso, sin esperar consensos multilaterales y sin aceptar que la legalidad internacional opere como un límite previo. En este esquema emergente, la legalidad no antecede a la acción; se construye después del hecho consumado.
La operación sobre Caracas dejó en evidencia que la soberanía ya no es un atributo absoluto, sino una condición relativa, dependiente de factores muy concretos: la capacidad real de disuasión, la pertenencia a alianzas militares efectivas y, en último término, la voluntad de una potencia dominante de respetarla. Venezuela carecía de esas capas de protección. El resultado fue inmediato y contundente.
Uno de los aspectos más reveladores de este episodio fue el silencioso colapso del supuesto respaldo geopolítico que el régimen venezolano afirmaba tener. Ni los sistemas de defensa de origen ruso ni las millonarias inversiones chinas funcionaron como escudo. El mensaje fue inequívoco: las alianzas declarativas y el patrocinio económico no equivalen a garantías reales de seguridad. Sin compromiso militar directo, ese respaldo resulta irrelevante cuando se cruza el umbral de la decisión estratégica.
Esto obliga a repensar el concepto mismo de poder. En el mundo que emerge, el poder no se mide por declaraciones diplomáticas, votos en organismos internacionales o comunicados conjuntos, sino por la capacidad de imponer hechos irreversibles en lapsos mínimos. La operación fue quirúrgica, veloz y sin margen para la reacción. Esa rapidez no es un detalle técnico, sino un componente central de la nueva doctrina que nace: actuar antes de que el sistema internacional tenga tiempo de organizar una respuesta.
Este giro también deja en entredicho el llamado “orden internacional basado en reglas”. Dicho orden no desaparece, pero queda relegado a un plano secundario, aplicable principalmente a los Estados débiles o medianos, y claramente ineficaz frente a quienes concentran poder militar, tecnológico y estratégico. Las normas siguen existiendo, pero ya no funcionan como freno, sino como lenguaje posterior de justificación.
Desde esta perspectiva, el derecho internacional no muere; se transforma. Pasa de ser un marco preventivo a convertirse en un instrumento ex post, utilizado para racionalizar decisiones ya tomadas. La secuencia se invierte: primero se actúa, luego se explica. Primero se captura, después se argumenta. Primero se redibuja el mapa del poder, luego se redactan los comunicados.
Las implicancias regionales de este cambio son profundas. América Latina, históricamente inclinada a invocar principios jurídicos y fórmulas diplomáticas, se enfrenta a una realidad incómoda: esos principios tienen un peso limitado si no están respaldados por capacidad material. Las reacciones dispares de los gobiernos de la región -desde el apoyo explícito hasta la condena moral- revelan más desconcierto que convicción. Todos parecen comprender, aunque no lo expresen abiertamente, que el precedente es inquietante.
A escala global, la nueva doctrina que nace introduce un sistema jerárquico de soberanía. En la cúspide se ubican los Estados con disuasión nuclear y alianzas militares sólidas; más abajo, aquellos que dependen de acuerdos ambiguos o promesas implícitas; al final, los que confían exclusivamente en la protección del derecho internacional. Para estos últimos, el mensaje es tan claro como perturbador: esa protección es frágil, y a veces inexistente.
No se trata de celebrar ni de condenar moralmente este cambio, sino de comprenderlo. Ignorarlo sería un error estratégico. La nueva doctrina que emerge no anuncia un mundo más estable, sino uno más crudo, más directo y menos decoroso. Un mundo donde el poder vuelve a mostrarse sin eufemismos y donde la rapidez, la tecnología y la decisión pesan más que los consensos.
Venezuela no es una anomalía histórica. Es un precedente. Y como todo precedente, redefine expectativas, ajusta cálculos y obliga a los Estados a replantearse su lugar en el sistema internacional. La pregunta ya no es si este nuevo orden es justo o injusto, sino si estamos preparados para habitarlo. Porque la nueva doctrina que nace no pide permiso. Simplemente ocurre.
En mi opinión, este nuevo escenario global impone la necesidad ineludible de revisar y poner al día el Derecho Internacional, de modo que recupere legitimidad, eficacia y coherencia frente a los desafíos contemporáneos. Desde la caída de las Torres Gemelas en 2001, los ciudadanos del mundo hemos aguardado una respuesta normativa capaz de equilibrar seguridad, soberanía y derechos fundamentales. Esa deuda sigue pendiente, y su resolución marcará el verdadero alcance de la nueva doctrina que hoy comienza a gestarse. (El Líbero)
Pedro Pablo Díaz Herrera
