El Gobierno busca entregar mayor protagonismo a los senadores del oficialismo en la negociación de los cambios a la reforma constitucional en materia de seguridad, iniciativa que ha generado diferencias entre los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast.
El tema fue abordado durante una reunión del comité político ampliado realizada en La Moneda, en la que participaron los ministros Claudio Alvarado, de Interior y Segegob; José García Ruminot, de la Segpres; y Martín Arrau, de Seguridad, junto con los presidentes de los partidos oficialistas.
Según participantes del encuentro, que se prolongó por alrededor de una hora, el Ejecutivo evitó profundizar en las modificaciones específicas que podrían introducirse al proyecto y pretende que parte importante de ese trabajo sea conducido desde el Congreso.
La estrategia contempla que los senadores oficialistas integrantes de la Comisión de Constitución, Arturo Squella, del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, asuman un papel relevante en la elaboración y negociación de los cambios.
Entre las materias que podrían experimentar modificaciones se encuentra la propuesta relacionada con un nuevo estado de excepción, uno de los puntos que ha generado debate dentro del propio sector.
El Gobierno también espera que otros representantes del oficialismo en el Senado, entre ellos Javier Macaya, de la UDI, y Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, tengan participación activa en las negociaciones legislativas.
La reforma constitucional fue presentada por el Ejecutivo hace dos semanas y desde entonces ha provocado diferencias entre los partidos de Gobierno. En algunas colectividades consideran que La Moneda planteó inicialmente una propuesta más amplia de lo que finalmente podría conseguir respaldo político en el Congreso.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo busca construir primero una posición compartida dentro del oficialismo antes de iniciar negociaciones con parlamentarios de oposición para conseguir los votos necesarios.
La estrategia apunta a establecer una hoja de ruta común que permita ordenar las diferencias internas y disminuir el desgaste político del Gobierno durante la tramitación de una de sus principales iniciativas en materia de seguridad.
Pese a la disposición para introducir modificaciones, el Presidente Kast ha sostenido que la creación de un nuevo estado de excepción constituye un elemento al que su administración no pretende renunciar, aunque ha reconocido que las propuestas pueden experimentar cambios durante su discusión legislativa.
Paralelamente, La Moneda está acelerando la tramitación de otras iniciativas relacionadas con seguridad pública. El Ejecutivo otorgó discusión inmediata a proyectos vinculados con incentivos para la carrera de Carabineros, seguridad municipal y medidas contra las barricadas.
A ello se suma la discusión de modificaciones a la Reforma Penal Adolescente, entre las cuales se encuentran propuestas destinadas a elevar determinadas penas y revisar las rebajas de condenas existentes respecto de las aplicadas a personas adultas.
Con este despliegue, el Gobierno pretende avanzar simultáneamente en una serie de proyectos de seguridad mientras busca resolver las diferencias internas generadas por la reforma constitucional y construir los respaldos necesarios para su tramitación en el Congreso. (NP-ChatGPT-El Mercurio)