Una de las tareas más importantes de Chile es modernizar el aparato del Estado, que prácticamente ha seguido igual desde hace más de 30 años, creándose nuevos ministerios, regiones, municipalidades, y servicios públicos sin un ordenamiento administrativo racional, coordinado y que evite la colisión o duplicidad de funciones.
Basado en mi experiencia municipal y ministerial por más de 20 años, me permito poner en la discusión pública algunas propuestas que estimo apuntan en la dirección correcta.
Hoy, más allá del debate teórico sobre el tamaño y papel del Estado, entre los que quieren más o menos Estado, de privilegiar su rol rector o subsidiario, hay una amplia coincidencia en que la estructura de nuestro sector público es ineficiente, desordenada, y muchas veces sus decisiones contravienen o desordenan la formulación y ejecución de las políticas públicas.
Aparte de ello, la descentralización debe y tiene que implicar más que la sola elección de gobernadores. De partida deberíamos cuestionar si la actual estructura regional es la adecuada, si es conveniente mantener la estructura de las provincias y fortalecer las competencias, idoneidad y eficiencia de los municipios y del gobierno de nuestras grandes ciudades, temas que abordaré más adelante.
Estructura Superior de Gobierno: De acuerdo con las más modernas técnicas de administración, parece del todo inadecuado que el Presidente de la República deba coordinar y entenderse en el día a día con 22 a 24 ministros de Estado. Se debería crear, dentro del marco constitucional, dos categorías de ministros: de Estado y de Gobierno, estos últimos sujetos a la dirección y coordinación de los primeros.
Sugiero usar esta denominación, y no la de viceministro, ya que esto permite su plena interacción en el Parlamento de acuerdo con la Constitución (derecho preferente al uso de la palabra en las salas y comisiones) e implica una mayor jerarquía en el ámbito funcionario de su cartera y un mayor reconocimiento institucional e internacional.
Inicialmente, habría 11 ministros de Estado: Interior, RR.EE., Defensa, Hacienda, Economía-Producción-Servicios y Comercio, Desarrollo Social, Territorio, Salud, Educación, Medio Ambiente y Secretaria de la Presidencia.
Del ministro de Interior dependerían los ministros de Gobierno de Seguridad Interior, del cual dependería Carabineros, y la PDI de Desarrollo Regional. Del ministro de Hacienda, los ministros de Gobierno de Evaluación de Programas y Políticas Públicas y el de Presupuesto.
Del de Economía, Producción, Comercio Servicios y energía dependerían los ministros de Telecomunicaciones, Pesca, Agricultura, Minería, Turismo y Energía.
Del de Desarrollo Social, los ministros del Trabajo y Previsión Social, de Deportes y de la Familia (mujeres, infancia, jóvenes y adultos mayores). Se traspasaría al ministro de Desarrollo Social el otorgamiento de todo tipo de subsidios (habitacionales, Chile Barrio, de pobreza, etcétera).
El ministro de Vivienda quedaría encargado de la política habitacional y del diseño de los programas de vivienda social, pero su postulación, selección y pago sería responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Del ministro del Territorio, los ministros de Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo y Patrimonio, Transporte y Bienes Nacionales.
Del de Educación dependerían los ministros de Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Educación Escolar, Educación Parvularia y de Cultura y de las Artes.
El Ministerio Secretaría de la Presidencia tendría a su cargo una División o ministro encargado de evaluar y dar visto bueno a los programas promovidos por el resto de los ministros antes de su aprobación y expresión presupuestaria, y dependería también el ministro vocero de Gobierno.
La estructura de las subsecretarías permanecería igual, como jefes administrativos del respectivo servicio, propuestos en terna por ADP y designados por el Presidente de la República, privilegiando el ser funcionario de carrera en sus respectivos ministerios.
El Presidente de la República podría refundir o fusionar subsecretarías y sus servicios dependientes para atender a uno o más ministerios bajo un mismo ministro de Estado. Su creación será siempre por ley. De esta manera, los ministerios deberían focalizarse en diseñar, aprobar y evaluar sus políticas públicas, entregando la ejecución de los mismos a entes descentralizados que prestan servicios públicos de nivel nacional, regional y municipal.
El Presidente podrá crear uno o más ministerios de Gobierno para tareas específicas y coyunturales con una duración máxima de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años con aprobación del Parlamento y reasignando en comisión de servicio a su personal transitorio desde instituciones o servicios públicos. (El Mercurio)
Jaime Ravinet de la Fuente
