Esta semana se discute hasta total despacho la llamada megarreforma, oficialmente llamada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social. Una serie de medidas que buscan cambiar el rumbo de estancamiento económico en la que se encuentra el país y que ha marcado la última década. Claramente, el curso tomado tras la reforma tributaria del segundo gobierno Michelle Bachelet frenaron al país, dejamos de crecer. A más de 10 años de esa reforma, hasta quienes la impulsaron reconocen que los efectos fueron negativos.
El segundo gobierno de Sebastián Piñera no pudo revertir la situación descendente en economía, porque se le produjo una revolución que buscaba refundar el país desde el fuego a lo que se sumó la pandemia. A pesar de eso, la buena gestión dejó una situación fiscal holgada.
Pero la situación país tocó fondo con la pésima gestión y el “pornográfico” despilfarro de recursos del gobierno liderado por Gabriel Boric. Dejaron la caja vacía tras aumentar el endeudamiento, “manotear” el fondo de estabilización económica y la Corfo. El gran culpable, Mario Marcel, quien fuera del Banco Central, donde estaba altamente regulado, mostró los dientes, cual vampiro. Era un hombre de izquierda radical. Ese gobierno, que gastó más de lo que recaudó, de modo constante, dejó al país en pésimas condiciones económicas. Con un desempleo que siguió al alza, ya que las medidas laborales por ellos aprobadas sólo ayudaron a empeorar la situación. Ellos hablan de derechos, pero para que los derechos puedan tener sustento debe haber recursos y si el país se achica fácilmente se llegará a una situación en la que ya no se podrán financiar esos derechos. La realidad es real y no basta que un derecho esté consagrado en un papel por ley, hay que producir los recursos necesarios para financiar ese derecho que claramente cuesta dinero. Nada es gratis.
La megarreforma es un imperativo moral ya que hay que bajar el desempleo. Los trabajos los crean los privados con inversión, no el Estado con gasto. Para eso se necesita tener leyes que incentiven la inversión y fomenten la creación de empleos.
No hay mejor política pública que el pleno empleo. Es por eso que la reforma que se juega esta semana es un imperativo moral, ya que cada punto que baje el desempleo son familias que ven oportunidades en el futuro. Es lógico que hoy la gran preocupación ciudadana sea la economía, porque a más de una década de probar la receta socialista tenemos certeza empírica, una vez más, que no funciona, no al menos para “el pueblo”. “Si la torta no crece, al repartirla se acaba”.
Claramente, la discusión de este proyecto es altamente ideológica, ya que quienes nunca han producido un peso ni dado empleo a nadie, quieren imponer a quienes producen acciones confiscatorias para “vestir” a otros y a ellos. Son dos visiones de mundo, el socialista y el del libre mercado. La libertad que permite, buscando el interés particular de cada uno, que personas que no se conocen estén dispuestas a colaborar y a crear país. En esa pugna ideológica, reapareció la alguna vez dirigente estudiantil, militante comunista, que saltó de activista política a diputada de la República y luego a ministra de Estado, Camila Vallejo. Una mujer que nunca ha dado empleo y que jamás ha producido dinero, sino que se ha beneficiado del gasto desde el Estado, del dinero de otros. Ella aparece diciendo que la agenda el gobierno de José Antonio Kast es “sumamente ideológica”, como si la de ella, no lo fuera. Aseguró que Chile es gobernado por la “ultraderecha”, similar a las corrientes internacionales de Donald Trump o Javier Milei, calificándola de “dogmática, impositiva y poco dialogante”.
Ella es una comunista de ultraizquierda, completamente dogmática, absolutamente impositiva y cero dialogante. Hay que ser completamente descarado, sin rostro para, desde su ser y lo que representa, calificar a otros con lo que ellos siempre han sido. Ella apoyaba el proyecto constitucional de la Convención, que haciendo honor a su nombre se comportaron cual jacobinos. Excluyentes, cero dialogantes y absolutamente impositivos. Querían cambiar el país completo desde un proceso que se “vestía” de democrático, pero que fue altamente totalitario. Camila, en un completo analfabetismo económico, tildó a la megarreforma como “un castigo a las familias trabajadoras”. No hay peor castigo que un millón de desempleados y quien jamás ha dado un empleo o pagado cotizaciones laborales, pretende dar cátedra moral.
En su agenda altamente ideológica, Camila usó “la cantiga” de siempre para encender emociones nacidas de la envidia, enfatizando que la reforma sólo “busca beneficiar al 1% más rico de la población”. Un dicho que olvida que ese 1% son 150.000 contribuyentes que aportan el 80% del impuesto corporativo y lideran el 65% de la inversión productiva del país, reinvirtiendo el 75% de las utilidades en el ciclo productivo, es decir son el motor. Además, ese 1% emplea directamente al 35% de la fuerza laboral formal. Un 1% que hace mucho más que cualquier comunista por el “pueblo”.
La lógica absurda de la lucha de clases no funciona, ya que la economía de un país es “win win”, es decir, si gana el 1% también ganan los trabajadores. Camila insiste en hablar de “lógicas violentas de desinformación”. De hecho, hoy se dedica a dar charlas internacionales sobre el tema, ya que su fin es censurar y callar a quienes no piensen como ella. Por supuesto que criticó el Registro Nacional del Vándalos, con ello se quedarían sin violentistas para imponer desde la fuerza lo que no consiguen en las urnas. Ella es marxista leninista y valida la violencia como un modo de hacer política. Con una desfachatez total, sin asumir ninguna responsabilidad de sus acciones señaló que «la labor del gobierno es gobernar, no centrar su estrategia en culpar al gobierno anterior».
Realmente increíble. Es claro, Camila no cree en la libertad y por eso no entiende la responsabilidad, la ideología nubla la mente. Su religión laica y dogmática le impide ver y reconocer que la realidad es real. (El Líbero)
Magdalena Merbilháa