Uno de los cambios más significativos introducidos por la reforma constitucional de 2005 fue la modificación del período presidencial, reduciéndolo de seis a cuatro años, y la elección conjunta presidencial y parlamentaria. El objetivo principal de esta reforma era evitar lo que algunos percibían como un «plebiscito» de mitad de mandato. Al alinear ambos procesos electorales, se esperaba que el Presidente electo pudiera contar con una mayoría parlamentaria que facilitara la gobernabilidad y la estabilidad política.
¿Tuvo sentido esta reforma? En su contexto original, sí. La lógica detrás de la medida era coherente con el sistema electoral binominal vigente en ese momento, que favorecía la formación de coaliciones políticas relativamente estables. Sin embargo, esta propuesta resulta completamente desajustada cuando se considera el sistema electoral actual.
Pasamos de tener una política fome a una política caótica. Sin duda que el sistema electoral es uno de los factores principales que explican este cambio y la debilidad del sistema presidencial y los problemas de gobernabilidad en el país. La reforma electoral de 2015, al adoptar un sistema proporcional, ha tenido efectos decisivos sobre la estabilidad política, debilitando las grandes coaliciones y aumentando los costos de transacción dentro de ellas. La representación proporcional, que prometía una mayor pluralidad y diversidad política, no ha logrado el objetivo de mejorar la calidad de la práctica parlamentaria. Por el contrario, ha exacerbado la fragmentación y atomización de los partidos, generando un escenario de intensificación de los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Otro de los efectos negativos del nuevo sistema electoral radica en la creciente dificultad para establecer una relación de rendición de cuentas efectiva entre los electores y sus representantes. La reducción de los distritos electorales de 60 a 28 ha incrementado significativamente el tamaño de los territorios que los parlamentarios deben cubrir, lo que dificulta la interacción directa con los votantes y limita la capacidad de los ciudadanos para exigir responsabilidades de manera efectiva. En este escenario, el proceso de identificación y rendición de cuentas se vuelve cada vez más difuso, lo que erosiona el vínculo entre los representantes y los representados.
Un ejemplo claro de esta desconexión es el distrito Nº 8, que abarca varias comunas de la Región Metropolitana, como Pudahuel, Maipú y Colina, y que elige a ocho diputados. Este distrito, que representa a más de un millón ochocientas mil personas, ilustra lo complejo que resulta para los electores conocer y responsabilizar a cada uno de los parlamentarios por sus decisiones y desempeño. En un territorio tan extenso, ¿cómo puede un votante hacer un seguimiento adecuado de las acciones de los ocho representantes que lo respaldan? ¿Es posible, en la práctica, conocer y evaluar de manera efectiva su trabajo? Esta falta de identificación y la dispersión del electorado crean una desconexión perjudicial que debilita la legitimidad del Congreso y de la política en general.
Por otro lado, la disparidad en la representación entre distritos también genera distorsiones en el sistema electoral.
Una solución posible pasa por realizar una revisión integral del sistema electoral, buscando un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad. Algunas medidas urgentes debieran incluir la implementación de un umbral mínimo del 5% para que los partidos políticos obtengan representación parlamentaria, la reducción del número de parlamentarios y la consecuente disminución del tamaño de los distritos. Estas reformas permitirían no sólo una mejor representación, sino también una reducción de la fragmentación política y una mayor facilidad para la construcción de coaliciones que promuevan la estabilidad y el consenso. (El Líbero)
Constanza Huber
