Cuando terminó de elaborarse la propuesta de nueva Constitución que sería sometida a plebiscito en 2022, amigos de centroizquierda, personas cuya inteligencia me era imposible poner en duda, me explicaban por qué votarían Apruebo con una fórmula sorprendente: no importaba aprobar un mal texto, porque después podría reformarse. No negaban los defectos del proyecto, sino que los admitían y, aun así, lo respaldaban bajo la promesa de corregirlo más tarde.

La ocurrencia, desde luego, no fue sólo de mis amigos. Fue una consigna: “Aprobar para reformar”. La coartada de quienes, quizá avergonzados de apoyar una verdadera máquina de destrucción de la República, anunciaban al mismo tiempo su decisión de transformarla. Aprobar algo para reformarlo de inmediato era presentado como una estrategia razonable, cuando en realidad expresaba una claudicación intelectual: aceptar lo que se sabía equivocado para no romper con la corriente política propia.

Uno habría esperado que semejante exceso quedara atrás, como una más de las exageraciones de ese capítulo grotesco de nuestra historia reciente. Sin embargo, el mismo gesto ha reaparecido en los esfuerzos de ministros y hasta del propio Presidente, para explicar la reforma constitucional incluida en la que el gobierno llamó Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. La explicación, palabras más o palabras menos, vuelve a ser la misma: no se preocupen si la Constitución entrega al Presidente la capacidad de suspender derechos fundamentales sin autorización previa de otro poder del Estado; después podremos aprobar leyes orgánicas que repongan los equilibrios propios de una democracia liberal.

Es decir: aprobemos primero y arreglemos después. El absurdo es el mismo, pero la gravedad es mayor. Porque no se trata de una convención extraviada en su maximalismo y que ya es recordada casi como un chiste cruel, sino de una reforma que toca el corazón del Estado de Derecho de una democracia liberal: la división equilibrada de poderes, el control recíproco entre ellos y la protección de los derechos frente al poder político. En una democracia, esos límites son la garantía mínima de la libertad.

Cuando una conducta tan absurda -aprobar para reformular o anular de inmediato- se repite con protagonistas de signos políticos distintos, es necesaria una explicación más profunda. La única plausible, en mi opinión, es que para ciertas personas resulta casi imposible ir contra la corriente cultural que les ha dado identidad, a veces a lo largo de toda una vida. Pueden ver el problema, incluso comprenderlo perfectamente, pero no logran actuar conforme a esa lucidez si ello supone contrariar a la identidad que les ofreció pertenencia, reconocimiento y una biografía pública.

Eso explica algo que de otro modo resulta difícil de entender. Una persona puede ser inteligente y, sin embargo, actuar contra lo que su inteligencia le indica porque hacerlo significaría enfrentarse a la identidad que ha construido durante años. Es la única razón por la que alguien pueda decir “yo jamás votaré por alguien de derecha” o “yo jamás votaré por alguien de izquierda” sin detenerse en la calidad personal, el programa o la circunstancia concreta de la candidatura.

Quizás eso explique también la actitud de algunos integrantes del actual gobierno. Es difícil imaginar que personas inteligentes y con experiencia política no adviertan los problemas que plantea una reforma constitucional que concentra en el Ejecutivo facultades capaces de afectar derechos fundamentales sin los contrapesos que una democracia liberal exige. Y, sin embargo, algunos parecen dispuestos a defenderla. ¿Por qué? Porque oponerse a ella supone enfrentarse a la corriente dominante en su propio sector político, aquel que identifica cualquier intento de diálogo con debilidad y que ha hecho de la acusación de “derechita cobarde” un argumento político en contra de otros y una de prueba de pureza propia.

Mario Vargas Llosa -haciendo la referencia correspondiente a Karl Popper- llamó a esto “la llamada de la tribu” en su libro del mismo título publicado por Alfaguara en 2018. Allí describe la tentación humana de refugiarse en identidades colectivas que ofrecen certezas, protección y sentido. Y no es una reacción de personas ignorantes: personas cultas, inteligentes y sofisticadas también pueden someterse a ella cuando permiten que su identidad política o ideológica determine de antemano lo que están dispuestas a considerar verdadero o correcto.

Por eso aceptar la llamada de la tribu no significa simplemente ser de izquierda o de derecha. Significa renunciar a la autonomía intelectual en favor de una identidad colectiva. Y esa renuncia es incompatible con las condiciones de una democracia liberal, que exige individuos capaces de pensar por sí mismos, disentir, elegir y cambiar de opinión.

Escapar de la tribu exige, ante todo, coraje. El coraje de soportar el epíteto “amarillo” en la izquierda o “cobarde” en la derecha. El coraje de aceptar la funa, el aislamiento, la pérdida de amistades o, lo que puede ser más grave para un político o política, la pérdida de votos. Ese coraje lo han mostrado dirigentes, parlamentarios, alcaldes e intelectuales cercanos a Chile Vamos al rechazar públicamente una reforma constitucional que otorga poder donde debería haber controles.

También lo mostraron Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio, alcaldes de Maipú y Providencia, al formular “desde veredas distintas” “una invitación abierta, a que como país seamos capaces de generar acuerdos amplios en al menos siete ámbitos de acción conjunta para los próximos 30 años”. En su invitación son enfáticos en declarar que pertenecen a coaliciones distintas y que discrepan “en buena parte del debate diario”, algo que todos sabemos. No dicen en cambio algo que todos deberíamos saber: que, de “llegar a acuerdos amplios” en los ámbitos que proponen y que abarcan prácticamente todos aquellos que debe abarcar el buen gobierno de la democracia, estarían demostrando no sólo que es posible sustraerse a la llamada de la tribu, sino también que la buena política y el buen gobierno es el que nace de acuerdos como los que ellos proponen.

Lo que nos han demostrado Bellolio y Vodanovic es que la democracia no es un campo de batalla, sino el escenario que permite organizar la convivencia social por medio de acuerdos que todos acepten y todos se sientan impelidos a impulsar. (El Lìbero)

Álvaro Briones