El director de la PDI parece haberse limitado a decir lo que todos sabemos: el llamado a retiro lo decidió él y tiene atribuciones para ello.
Seguimos sin saber si se lo pidió la ministra o fue influido por la perentoria carta de esta, la que sigue sin explicación. La legalidad de un acto no depende solo de que la autoridad tenga la competencia. Tanto o más importante es que tenga fundamento. En democracia este es un deber hacia los ciudadanos. La obligación de explicarla recae en las autoridades electas.
Jorge Correa Sutil