La discusión del presupuesto 2027 ha vuelto a poner en el centro la inversión del Estado en educación superior. Tanto los recursos destinados a investigación como los que financian la gratuidad se presentan como contrapuestos a un objetivo de amplio consenso: aumentar el financiamiento de la primera infancia. Plantearlo así obliga a elegir entre etapas de una misma trayectoria educativa, cuando lo que el país necesita es sostenerla completa.
Sobre la gratuidad, hay piezas que el análisis no debe olvidar. Se habla a diario del desplome de la natalidad, pero casi nadie saca la consecuencia más evidente para este debate. En 2014 nacieron cerca de 250 mil niños en Chile; en 2025, poco más de 146 mil. La educación parvularia y la escolar ya atienden a menos niños cada año. A partir de 2032 ese impacto llegará a la educación superior y, como el gasto en gratuidad depende del número de estudiantes, irá liberando recursos. Oponer gratuidad y primera infancia como si se disputaran una torta fija es hacer las cuentas con el país de hace diez años.
La gratuidad vino también a desactivar el problema del CAE, cuya deuda pendiente pasó de unos 500 mil millones de pesos en 2019 a cerca de 4 billones hoy, según el ministro de Hacienda. A fines de 2025, más de 420 mil deudores tenían sus garantías ejecutadas, y la mayoría de quienes desertaron quedó en mora: estudiaron sin titularse y salieron endeudados. Reemplazar el desembolso de las familias y buena parte del CAE era precisamente lo que se buscaba. Egresar sin deuda cambia, además, la trayectoria económica de toda una vida, con efectos en la economía del país que habrá que medir.
La matrícula ya se había masificado antes de 2016 gracias al CAE, pero esa mirada se queda en la puerta de entrada. La composición del sistema depende también de quién se mantiene estudiando y se titula. En la Universidad Alberto Hurtado, quienes estudian con gratuidad desertan en primer año cerca de un 40% menos que quienes lo hacen con CAE, y quienes entraron con el beneficio en 2017 se titulan en una tasa que duplica la de quienes no lo tienen. Así, más jóvenes de los deciles de menores ingresos llegan hasta el final.
Lo mismo vale para la investigación. Es bueno que Chile tenga universidades que compitan con las mejores del mundo, incluso en nichos de especialización. Nuestro sistema de investigación es competitivo y muy eficiente para los recursos que recibe, pero le falta personal científico, y eso exige una base de talentos amplia y diversa, que enriquece las preguntas desde las cuales se investiga. Además, la investigación forma: quienes aprenden junto a quienes investigan salen mejor preparados, y un país con conocimiento repartido enfrenta mejor sus desafíos. Concentrarla en pocas instituciones, en un país con una segregación escolar entre las más altas de la OCDE, formaría a una élite muy especializada y dejaría al resto al margen del conocimiento. Para financiarla existen también otras fuentes, como el fondo regional de la Ley de Royalty a la Minería. Articularlas con universidades de todas las regiones exige una mirada de sistema.
Evidentemente, la gratuidad requiere correcciones: el arancel regulado se ha alejado del costo real de educar con calidad y la asignación por deciles arrastra desajustes. Un crédito contingente al ingreso puede y debe discutirse, pero con toda la evidencia disponible. Chile tiene uno desde los años 90, el Fondo Solidario de Crédito Universitario, cuya recuperación ha sido crónicamente baja. El propio CAE muestra lo difícil que es cobrar: este año, una Corte de Apelaciones resolvió que la Tesorería no puede perseguir esa deuda por la vía ejecutiva tributaria. Un crédito así solo es menos oneroso para el fisco si se recupera. Y la aversión a la deuda puede alejar a los estudiantes de primera generación, aunque el crédito esté bien diseñado.
Hay, por último, un efecto poco mencionado. La gratuidad ha permitido formar una amplia capa de profesionales, muchos de ellos los primeros de sus familias en llegar a la educación superior. Son y serán padres y madres, y sus hijos crecerán en hogares con más libros, más conversación y más confianza en sus posibilidades. El capital cultural de la familia pesa decisivamente en lo que niños, niñas y jóvenes aprenden, y ese peso es mayor en los primeros años de vida. Por eso, la gratuidad también contribuye a la inversión que el país debe hacer en primera infancia. (El Mercurio)
Cristián del Campo SJ
Rector Universidad Alberto Hurtado
