Es saludable que el ministro de Hacienda entienda que su misión no es ser popular, sino que su foco debe ser fundamentalmente el de poner en orden las cuentas fiscales, disminuyendo el gasto público y aumentando los ingresos fiscales —preferiblemente a través del crecimiento económico más que aumentando los impuestos—. Pero el ministro de Hacienda también debe entender que el país solo puede retomar el camino correcto del desarrollo si hay paz social y si la aprobación del gobierno supera a la desaprobación. Si el ministro de Hacienda se preocupa exclusivamente de las condiciones del vuelo y se olvida que una de las amenazas para llegar felizmente a destino es que los pasajeros se inquieten en exceso, aumenta el riesgo de que el avión tenga que hacer un aterrizaje de emergencia.

Aunque la inflación siempre ha sido una gran amenaza para cualquier gobierno, el componente que más duele a la población en la inflación es el costo de la gasolina en particular y del transporte en general. El aumento de precios en la alimentación posiblemente golpea una parte más importante del presupuesto mensual de las familias, pero la gente tiene que comer para vivir. En cambio, la gente usa cotidianamente el transporte para poder llegar a sus lugares de trabajo. Por eso, cuando una parte más importante del ingreso se tiene que gastar para poder generar la renta, a la gente le duele mucho más. Después de todo, cuando sube el precio de los alimentos, la gente puede disfrutar menos con lo que gana. Cuando sube el precio del transporte, la gente literalmente gana menos, una vez descontado lo que debe gastar para generar esa renta.

La historia de América Latina nos enseña que la gente reacciona de forma más molesta cuando hay aumentos demasiado bruscos en el transporte que cuando hay aumentos en precios en otros insumos. El tristemente célebre Caracazo en Venezuela en 1989 —que fue simbólicamente el origen del descontento que llevó a Hugo Chávez a realizar su fallido golpe de estado en 1992, hecho que lo catapultó como candidato presidencial exitoso a fines de 1998— se produjo específicamente por la decisión del gobierno de reducir significativamente el subsidio al transporte público que existía en Venezuela. Aunque ese país era uno de los productores de petróleo más importantes del mundo, el plan de rescate del FMI incluía la eliminación de subsidios universales a los precios de los combustibles y el transporte. Para los venezolanos, que ya venían sintiendo por años el daño que causa la inflación, la explicación de que la eliminación de los subsidios al precio de los combustibles y al transporte específicamente sería una píldora amarga que ayudaría a terminar con la inflación endémica no fue suficientemente convincente. La gente salió a protestar de forma violenta y la democracia venezolana no fue capaz de resistir el descontento popular.

El caso de Chile hoy ciertamente es distinto al de Venezuela. Comparado con la Venezuela de fines de los 80, nuestro país es más desarrollado, la clase media es mucho más extendida, la pobreza es mucho menor y las políticas económicas del país han sido mucho más responsables. Pero a diferencia de Venezuela, Chile no es un país productor de petróleo. A diferencia de los países productores, cuando los precios del petróleo suben, Chile no recibe más ingresos. Al contrario, especialmente cuando el aumento del precio del petróleo va acompañado de una caída en el precio del cobre, el golpe para las finanzas del país es especialmente duro.

Este es un dato de la causa que presenta un problema especialmente complejo para cualquiera que esté en el poder en Chile. Si el posible enfriamiento de la economía global producto de la crisis en el Medio Oriente ya representa una amenaza para el país, el aumento del precio del petróleo constituye un golpe directo al mentón en el intento por ordenar las finanzas públicas. Es cierto que el desorden en la caja fiscal es responsabilidad del gobierno anterior. Pero el Presidente José Antonio Kast llegó al poder con el mensaje central de que venía a rescatar al país de la emergencia en que lo había sumido la administración de Boric. Cuando uno llama a un plomero para que arregle una dañina fuga de agua, no ayuda que el plomero te informe que tienes una fuga que está causando mucho daño. Uno llamó al plomero para arreglar el problema, no para que confirme que tenemos un problema.  

En los próximos días, el gobierno deberá proponer al Congreso un plan para enfrentar el aumento significativo en el precio del petróleo. Ojalá el shock en el precio del petróleo desaparezca pronto. Pero si no se da ese milagro, el gobierno deberá tener un plan para enfrentar lo que podría ser un shock prolongado. Uno de los factores que debiera tener en consideración el gobierno es que la historia nos enseña que, en América Latina, son múltiples las historias que muestran que muchos gobiernos nunca se recuperan de un aumento drástico en el precio del transporte y de los combustibles. (El Líbero)

Patricio Navia