La fragmentación partidaria en Chile ha sido objeto de debate en los últimos años. Sin embargo, reducir la complejidad de la dinámica política a un simple dato numérico es desconocer la multiplicidad de factores que erosionan la eficacia decisoria y la capacidad de construir mayorías estables. En realidad, la gobernabilidad en Chile enfrenta un desafío complejo que requiere una atención integral.
La Cámara de Diputados alberga 18 partidos con representación, pero no todos pesan por igual. La disparidad en la fuerza numérica dicta quiénes pueden condicionar votos o bloquear iniciativas. Esto genera un desequilibrio en la representación política, donde algunos partidos tienen más influencia que otros. Por ejemplo, sólo los partidos con mayor cantidad de diputados pueden condicionar la agenda legislativa e impedir el avance de proyectos que no sean de su interés. Los partidos más pequeños -sólo 10 de los 18 tienen 4 o más escaños- normalmente son irrelevantes por falta de capacidad de influir en la toma de decisiones.
La distancia ideológica entre bloques de derecha e izquierda complica el diálogo y erosiona la confianza mutua. Las profundas divergencias programáticas hacen que cada concesión se perciba como una traición interna y cada negociación una “cocina”. Esto dificulta la búsqueda de puntos de encuentro y la construcción de acuerdos. La polarización política también lleva a una situación en la que los partidos se centran más en defender sus posiciones ideológicas que en buscar soluciones prácticas a los problemas nacionales.
Las facciones extremas dentro de los propios bloques y/o coaliciones acaparan la atención de los medios y de las bases más activas, presionando a los moderados a adoptar posturas maximalistas. Esto dificulta avanzar en el terreno intermedio donde pueden forjarse los acuerdos imprescindibles en un sistema presidencialista. La presión de los extremos genera una situación en la que los partidos ubicados más hacia el centro del espectro se ven muchas veces obligados a adoptar posiciones cada más radicales, para mantener la cohesión interna o evitar el sorpasso (adelantamiento).
Los partidos con mayor cantidad de diputados no están exentos de fracturas. Fracciones que erosionan la disciplina interna, multiplican las votaciones y las hacen impredecibles, desgastan la cohesión del bloque. Se impide así a varios partidos presentar una posición unificada en temas clave, agravando la parálisis decisional o provocando retardos de años en la tramitación de iniciativas legales.
La creciente personalización de la política, potenciada por la mediatización y las redes sociales, incentiva carreras centradas en el protagonismo antes que en la lealtad partidaria. Muchos políticos se orientan más en promover su imagen personal que en trabajar para el bien común. La personalización de la política también puede coadyuvar a la erosión de la confianza en las instituciones y fomentar la antipolítica. La actual legislación electoral no desincentiva las candidaturas fuera de los partidos, lo que multiplica el número de diputados sin afiliación orgánica clara. Esto intensifica la volatilidad y la falta de coherencia programática. Los independientes pueden ser una fuerza importante en la política, pero también constituirse en un factor disfuncional a la eficacia decisoria.
La ausencia de mecanismos para garantizar la disciplina interna y la falta de sanciones efectivas para la deserción partidaria agravan la situación. Muchos diputados se sienten libres de actuar según sus propios intereses, sin temor a consecuencias. La falta de disciplina partidaria es otro obstáculo para la coordinación legislativa y la toma oportuna de decisiones.
Los temas ambientales, de género e indígenas movilizan demandas muy sentidas por grupos significativos de la población, pero las eventuales soluciones a menudo se plantean en términos de “todo o nada”. Esto polariza aún más el debate y dificulta el trabajo parlamentario a mediano y largo plazo. Los nuevos ejes de conflicto pueden ser una oportunidad para abordar los temas emergentes, pero también -dada su lógica identitaria- polarizar la agenda e impedir avanzar incluso en temas de ejes funcionales, donde la lógica tiende a ser más bien “de más o menos”.
La percepción de que los partidos están desconectados de los intereses reales de la ciudadanía fomenta la proliferación de candidaturas independientes y la antipolítica. Esto se traduce en una pérdida de confianza en las instituciones públicas y una mayor frustración ciudadana con la política. Ello es un desafío importante para la gobernabilidad en Chile, y requiere una atención especial para abordar las causas subyacentes y restaurar la confianza en las instituciones y reanclar social y territorialmente a los partidos.
La ya prolongada ralentización económica y el estrés fiscal consiguiente, ejercen una presión adicional sobre la política chilena, tensionando la agenda social y condicionando el margen de maniobra para financiar nuevas políticas. Los anuncios y/o la necesidad de recortes fiscales no son precisamente factores de despolarización.
Por último, la calidad política y la capacidad de gestión pública se han deteriorado debido a la falta de procesos de modernización del Estado. La ausencia de una burocracia profesional y regida por el mérito, sumado a la politización creciente de la función pública genera ineficiencias y falta de capacidad para implementar políticas públicas efectivas. Los déficits evidentes en la gestión de los recursos públicos; el impulso a políticas efectivas y la creciente corrupción son desafíos importantes para la gobernabilidad en Chile.
En síntesis, la gobernabilidad en Chile enfrenta un desafío complejo que requiere una atención integral. La fragmentación partidaria, la polarización ideológica, la presión de los extremos, las fracturas internas, la personalización de la política, la fuerza de los independientes, los vacíos disciplinarios, los nuevos ejes de conflicto, la crisis de confianza ciudadana, el estrés fiscal y la pérdida de eficacia de la gestión pública son todos factores que contribuyen a la dificultad para construir políticas consistentes y tomar decisiones efectivas y oportunas. Para abordar estos desafíos, es urgente adoptar una perspectiva que considere la complejidad de la dinámica política en Chile y promueva una cultura de diálogo y cooperación política mínima. (El Líbero)
Eduardo Saffirio
