A medida que el gobierno del Presidente Boric comienza a apagar la luz, sus autoridades celebran cifras y supuestos «logros» en materia migratoria. Pero basta con raspar un poco para ver la corrosión estructural que dejan: una gestión marcada por el activismo, la ineficiencia y una ideología que decidió desproteger nuestras fronteras.
Celebran comparando mañosamente el peor año de la administración anterior con su «mejor» año, omitiendo el dato más brutal: de los cinco años con mayor ingreso clandestino en la historia de Chile, cuatro pertenecen a esta administración. Festejan haber registrado “solo” 152 mil ingresos por pasos no habilitados del 2022 al 2025 —casi el doble de los 88 mil entre 2018 y 2021— como si la vulneración de la soberanía fuera un triunfo administrativo.
El balance es desolador. Recibieron un país con 110 mil migrantes irregulares a fines de 2021 según el INE. Para finales de 2023, esa cifra se había triplicado a 337 mil. ¿La solución del gobierno ante este desastre? Dejar de publicar el dato, esconder la pelota y dejar a 182 mil personas en un registro biométrico adicional en un limbo, cuando en foros internacionales prometían perdonazos.
La gestión operativa fue, por decir lo menos, mediocre. Mientras se cuadruplicaba el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y se aumentaba exponencialmente el gasto en control fronterizo, los resultados fueron inversamente proporcionales. Las expulsiones totales cayeron de casi 7.000 en el período anterior a poco más de 4.000 bajo su mandato.
El resultado de esta política de «puertas abiertas de facto» se ve en las cárceles y en los barrios. Hoy tenemos el triple de extranjeros presos que hace cuatro años. Pero la ideología pudo más: con Manuel Monsalve a la cabeza, prefirieron entregar 200 mil visas gratuitas a ciudadanos bolivianos —en un modelo cuestionable— y mantener la prioridad en los jardines de la Junji a los hijos de quienes ingresaron ilegalmente, junto con una bajísima fiscalización de quienes trabajan sin autorización, todo esto antes que poner orden. El mensaje fue claro: la prioridad está en quienes no cumplen la ley, no en los nacionales o quienes piden visa.
La administración Boric deja un país más inseguro, con fronteras porosas como demuestra el último informe de la Contraloría y un sistema migratorio colapsado. Insistieron en que la solución era no expulsar, prometer visas y que la solución es dejar libre a narcos extranjeros condenados para expulsarlos y que vuelvan a las semanas. Al cerrar la puerta por fuera, solo queda esperar que esta forma de gobernar no vuelva nunca más a La Moneda. Chile no aguanta otro gobierno que celebre el descontrol. (El Líbero)
Álvaro Bellolio