En enero de 2022, cuando Gabriel Boric y sus futuros ministros se preparaban para entrar a La Moneda, se produjo un hecho revelador. La Universidad de Chile les había prestado las oficinas del Instituto de Estudios Internacionales para las reuniones de trabajo, y un día los muros del recinto amanecieron rayados con estas consignas: “Libertad a los presos de la revuelta”, “No más Sename”, “Boric amarillo”.

Camila Vallejo, que ya oficiaba de vocera, dijo entonces: “Son totalmente legítimas las formas de expresión, sobre todo en estos temas en que hay una deuda pendiente (…) No nos sentimos inseguros, respetamos obviamente la forma de expresión sobre la situación crítica del Sename, por eso también está contemplada en el programa, y obviamente también todo lo que tiene que ver con las deudas pendientes en materia de DD.HH.”.

Eran los días en que la Convención Constitucional, bajo el control de las mismas fuerzas que se aprestaban a gobernar, avanzaba a paso de carga en la redacción de una Constitución que iba a cambiar a Chile hasta los cimientos. Los pronunciamientos del mandatario electo y sus colaboradores no dejaban margen de duda: el nuevo gobierno y la Convención eran depositarios de una misión histórica, cuyo prólogo había sido la revuelta de octubre de 2019. Sentían que eran deudores de una gesta de liberación y que, por lo tanto, la primera tarea era conseguir la libertad de quienes habían constituido la primera línea de dicha gesta.

Apenas se instaló en el cargo, el nuevo mandatario ordenó retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que había presentado el gobierno anterior en contra de los autores de graves actos vandálicos. El Ejecutivo, sin embargo, no podía disponer la libertad de los presos de la revuelta, asunto sometido a la potestad de los tribunales de justicia. Solo podía propiciar una ley de amnistía, pero ella difícilmente hubiera prosperado en el Congreso. La alternativa era el indulto presidencial a ciertas personas determinadas, y fue lo que hizo Boric respecto de 13 presos con el argumento de que eran “jóvenes que no son delincuentes”. Su afirmación fue desmentida pronto por la difusión del prontuario de varios de ellos. La ministra de Justicia de entonces, Marcela Ríos, pagó los platos rotos.

Las pensiones de gracia representan el capítulo más escandaloso de la presión extorsiva a la que ha estado sometido el mandatario por parte de la corriente octubrista que opera dentro y fuera del gobierno. Numerosos beneficiados tenían antecedentes penales que tendrían que haber sido examinados rigurosamente, pero eso no ocurrió. El Ministerio del Interior falló en el cumplimiento de sus deberes, y fue deplorable el aval dado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que devino en una entidad sectaria que, con cuantiosos fondos públicos, ha desnaturalizado la causa de los DD.HH.

En algún momento tendrá que materializarse la investigación que el Congreso Nacional no se ha atrevido a realizar respecto de la génesis de la revuelta que buscó provocar el caos y derribar al gobierno constitucional. Entonces, las bandas del narcotráfico consiguieron debilitar a las fuerzas policiales y ganar nuevos territorios. Los elementos del lumpen fueron la mano de obra de las acciones más audaces, como los ataques a comisarías y a unidades militares, la quema de iglesias y el sabotaje al metro. Nada de lo ocurrido se entiende, por supuesto, sin el empleo de inmensos recursos financieros.

En el centro de la revuelta estuvo la asociación entre la izquierda golpista y el mundo de la delincuencia. Hubo motivaciones diversas, pero negocios comunes. Y ya vimos hasta dónde fue capaz de llegar esa turbia alianza, la que, además, ha demostrado tener una gran capacidad de intimidación y chantaje. Ahora se entienden mejor las veleidades del FA y el PC frente a la violencia, los estados de excepción y el combate contra el terrorismo y el bandolerismo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que serán revocadas 25 pensiones de gracia y que otras están en estudio. No sabemos si se concretará la amenaza del PC de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que las pensiones fueran revocadas, pero el solo hecho de haberla lanzado ha iluminado ciertos rincones oscuros en la marcha del Gobierno.

Después de todo lo que hemos visto, ¿alguien duda todavía acerca del origen de la mayor agresión sufrida por la democracia en 30 años? ¿Alguien aún quiere convencernos de que la barbarie octubrista era “el despertar de Chile”? ¿No queda claro, finalmente, que las deudas que está pagando el oficialismo se explican por haber vendido el alma al diablo?  (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros