El balance estructural de -3,6% es el peor desde que se implementó la regla fiscal. El gobierno de Gabriel Boric entrega así un problema severo al que iniciará José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. No es una herencia menor. Es un punto de partida condicionado por decisiones que comprometen la estabilidad futura.
Cuando el balance estructural cae a ese nivel, no solo se deteriora una regla técnica diseñada para proteger la sostenibilidad fiscal. Se tensiona el principio de responsabilidad que sostiene la confianza ciudadana. Las cifras conocidas en las últimas semanas no constituyen únicamente un desajuste contable. Revelan una forma de gobernar. Un déficit que supera la meta comprometida, más de seis mil millones de dólares adicionales de gasto y el recurso reiterado a la venta de activos estratégicos no son meros errores administrativos. Expresan prioridades políticas.
Y cuando las prioridades no dialogan con las urgencias reales de la población, el problema deja de ser financiero y pasa a ser ético.
Mientras se acumulan escombros en zonas que aún esperan reconstrucción, miles de familias continúan aguardando viviendas prometidas, la educación pública exhibe indicadores alarmantes, la salud con serias deficiencias y la inseguridad se instala como experiencia cotidiana, el país observa cómo recursos del Estado se orientan hacia fines discutibles, donaciones que priorizan la ideología frente a las necedades del país, Fundaciones que denotan corrupción, sin resultados verificables y o programas cuya eficacia no fue evaluada con el rigor necesario. La pregunta entonces no es técnica, es moral. ¿Cuál fue el criterio del gasto? ¿Qué urgencias fueron consideradas verdaderamente prioritarias?
El presupuesto no es una planilla. Es la expresión concreta de la jerarquía de valores de un gobierno. Cada peso administrado proviene del esfuerzo de trabajadores y contribuyentes que confían en que esos recursos garantizarán condiciones básicas de vida digna. El sistema fiscal descansa sobre un pacto colectivo: la ciudadanía aporta parte de su renta a cambio de protección frente a los principales riesgos de la vida, salud, educación, desempleo, pobreza, vejez y seguridad. Ese pacto no es ideológico. Es civilizatorio.
Cuando se debilita por decisiones erradas o por una jerarquización ideológica de las prioridades, lo que se hiere no es solo la regla fiscal. Se hiere la confianza pública. Y sin confianza no hay cohesión social posible.
La dignidad humana no es una consigna retórica. Desde la filosofía política es el reconocimiento del valor intrínseco de cada persona, independientemente de su condición. Supone no instrumentalizarla, no convertir sus carencias en relato mientras se postergan sus necesidades esenciales. Gobernar con dignidad exige asignar recursos allí donde la vulnerabilidad es mayor, anticipar riesgos previsibles, corregir errores a tiempo y asumir responsabilidades cuando corresponde. Exige juicio.
Se ha reconocido que la caída del litio era conocida con anticipación y que las decisiones para enfrentarla se adoptaron meses después. Esa tardanza no es irrelevante cuando el equilibrio fiscal depende de ingresos estructurales. Hoy nuevamente se recurre a la Corfo para vender activos y transferir recursos al erario público, pese a que esa institución es central en la estrategia de desarrollo productivo del país. Cuando se comprometen herramientas estratégicas para cubrir déficits coyunturales, el debate deja de ser técnico y se vuelve político. Las explicaciones no son opcionales. Son un deber frente a la ciudadanía y frente al país que continúa.
La práctica republicana de entregar información completa al gobierno entrante debe incluir lo ejecutado, lo pendiente y el costo de los errores. La transparencia no es un gesto de cortesía institucional. Es una exigencia democrática. Si una auditoría resulta necesaria, debe realizarse. No como revancha ni como símbolo, sino como acto de responsabilidad frente a los contribuyentes.
El malgasto no es neutro. Cada peso mal asignado es una vivienda que no se construye, una lista de espera que no disminuye, una escuela que no mejora, una familia que permanece en la incertidumbre. Allí la discusión fiscal deja de ser técnica y adquiere rostro humano. La ideologización del tamaño del Estado ha desplazado el debate hacia una falsa disyuntiva entre más o menos gasto. El verdadero dilema es otro: cómo se gasta, con qué eficiencia y con qué jerarquía moral. Administrar recursos públicos es decidir quién espera y quién recibe respuesta. Es decidir qué urgencias se atienden primero. Es ejercer juicio político en su sentido más alto.
Como advertía Hannah Arendt, el mayor riesgo en la vida pública no es el error, sino la ausencia de juicio. Cuando el poder deja de pensar en las consecuencias concretas de sus actos sobre las personas, la política se vacía de contenido moral. Y cuando la política pierde su dimensión moral, la dignidad de las personas queda al debe. (NP-Gemini-El Líbero)
Iris Boeninger