La adopción de una nueva Constitución, luego de una fuerte movilización social que forzó a la clase política a tomar conciencia de las grandes falencias que existen en nuestro país, es una instancia histórica para consagrar jurídicamente el país que somos y el que queremos ser. Dichas movilizaciones parecieron mostrar que una demanda central de la población tenía —y tiene— que ver con la dignidad que nos reconocemos unos a otros.
Para dar cuenta del país que somos, la decisión de una convención constitucional paritaria y con escaños reservados era estructuralmente crucial: la paridad de género permitirá que sean las mujeres las que manifiesten y defiendan sus opiniones en condiciones de igualdad, contribuyendo a la visibilización de sus realidades. Lo mismo ocurre, creo, con los representantes de los pueblos originarios, agregando en este último caso el efecto positivo de forzar al resto del país a reconocer que somos un Estado plurinacional, en el que conviven distintos pueblos dentro de sus fronteras.
En cuanto al país que queremos ser, creo que el principio de la dignidad de las personas debe ser el criterio que guíe la discusión convencional. Más allá del alto valor simbólico que conlleva el derecho a la dignidad, al ser el motor que inspiró las movilizaciones que crearon las condiciones para el establecimiento de una convención constitucional, creo que puede orientar las decisiones que se deban adoptar durante la elaboración de la nueva Constitución, pero también hacia el futuro. Cuando las autoridades gubernamentales y parlamentarias deban adoptar decisiones, y cuando los tribunales deban evaluarlas a la luz de la Constitución y las leyes, la dignidad podrá permitir zanjar discusiones, inspirar políticas públicas y determinar cuáles de ellas sobreviven el escrutinio judicial.
Un problema que puede plantear el servirse de la idea de dignidad, como piedra angular del nuevo Chile, es su vaguedad. Por eso, para llenar de contenido a este concepto, idea o principio, puede ser útil el estudio del profesor de la Universidad de Michigan, Christopher McCrudden, que concluye que ella tiene tres elementos mínimos: 1. Todo ser humano por el hecho de existir tiene un valor intrínseco. 2. Este valor debe ser reconocido por otros en sus interacciones, y 3. El Estado existe para servir al ser humano y no al revés.
Sin embargo, estos elementos aún pueden resultar muy vagos para guiar la toma de decisiones, por lo que creo que la idea de concreción de la dignidad que alguna vez le escuché al arquitecto chileno Alejandro Aravena —al referirse a la vivienda digna— puede ser particularmente útil. Para Aravena, el concepto de dignidad es “aquello en que yo estaría dispuesto a vivir”. Dicha concreción, al extrapolarla a otras experiencias más allá de la vivienda, junto con convertirse en un criterio práctico, desvanece la división artificial entre derechos civiles y políticos versus derechos económicos sociales, ya que evidencia que la función de los derechos, sean civiles, económicos, políticos o culturales, es que permitan una vida que cualquiera estaría dispuesto a vivir.
Y esta fue, de hecho, la visión que inspiró a Sudáfrica en el posapartheid, cuando también redefinió su forma de vivir en comunidad. Es por ello que la Corte Constitucional sudafricana, en el famoso caso Makwanyane, que declaró inconstitucional la pena de muerte, recordó que “la dignidad es la piedra angular de nuestro nuevo orden político y es fundamental para la nueva Constitución”. Es de esperar que en un futuro cercano nuestras autoridades vean a la dignidad como lo hizo la Corte Constitucional sudafricana, para que así todos podamos vivir una vida que cualquiera estaría dispuesto a vivir. (El Mercurio)
Francisco Cox
