La difícil construcción de la paz en La Araucanía-Semana Política El Mercurio

Son distintos los planos desde los cuales puede ser entendida la tarea de este gobierno. Algunos de su partidarios desearían que, frente a la debilidad opositora, buscara el control de la agenda a través de sus reformas «duras», con aquellos proyectos que, como los cambios previsional o tributario, suscitarán controversia en un Congreso en el que no tiene mayorías, pero que han de definir parte de la impronta de esta administración. Aunque La Moneda ya ha anunciado para las próximas semanas el envío a trámite de esas iniciativas, ha privilegiado hasta ahora un camino distinto: hacerse cargo del poco feliz legado que el gobierno anterior dejó en términos de gestión del aparato público. Se trata del área en que más claramente la ciudadanía ha percibido un cambio, con autoridades abocadas a desatar nudos en la maquinaria estatal, imponiendo un estilo marcado por la exigencia de resultados y la rendición de cuentas.

Pero también el Gobierno ha ido perfilando un sello propio en otra área: la decisión para abordar problemas de alta complejidad que -por su dificultad o porque el resultado de la ecuación costo/beneficio político no parecía atractivo- se han arrastrado en el tiempo, con las sucesivas administraciones apostando solo a «pasar» por ellos. Un ejemplo es la prioridad asignada a la cuestión de la violencia en La Araucanía. Se trata de un área políticamente ingrata, por la magnitud y variedad de aristas del problema, y el consiguiente riesgo de fracaso para quien se fije como objetivo resolverlo. Aquí también el legado recibido es lamentable. En lo estrictamente policial, el bochorno de la «Operación Huracán» no solo desnudó el misérrimo nivel con que se desarrollaban las labores de inteligencia en la zona, sino que ha obligado a partir casi de cero en la definición de nuevas estrategias y esfuerzos. En el ánimo ciudadano la situación no es mejor. Víctimas de lo que eufemísticamente se ha llamado «violencia rural» llevan ya mucho viviendo en la inseguridad, sufriendo ataques y amenazas que por regla general permanecen impunes. Tal ambiente ha espantado las inversiones, condenando, particularmente a la población indígena, a una situación de pobreza crónica.

Es en ese contexto que resulta tan valiosa la señal dada por Jorge Luchsinger, víctima del más cruel de los atentados, el asesinato de sus padres, al haber señalado su disposición para que se autorizara a Celestino Córdova, el primer condenado por el crimen, a salir de la cárcel para asistir a una ceremonia mapuche. Independientemente de lo que se piense del permiso concedido por la autoridad a Córdova, la actitud de Luchsinger frente a quien no ha colaborado con la justicia ni manifestado arrepentimiento es una contribución enaltecedora a la pacificación de los ánimos. Máxime por el contexto en que se dio: una reunión con un lonco que -habiendo sido condenado en el pasado por amenaza terrorista y cuya sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó anular- también manifestó explícito rechazo a la violencia.

Tendrán que venir muchas más iniciativas para cambiar las cosas en La Araucanía, pero el éxito final en la construcción de un clima de paz solo resultará de un convencimiento mayoritario que multiplique gestos como los vistos y aísle a los violentistas. Al fijarse como objetivo propiciar las condiciones para aquello, la autoridad ha asumido una tarea mayúscula.

EL LENGUAJE DE LO PÚBLICO

Sorprendido quedaría probablemente un extranjero al observar cómo el debate político chileno giró durante casi una semana en torno a frases desafortunadas de dos ministros. Ciertamente, lo comunicacional ha elevado su relevancia en los tiempos actuales, pero el que la oposición haya concentrado su crítica al Gobierno en un asunto meramente anecdótico es revelador del estado de la propia centroizquierda: dividida y sin proyecto político compartido, y que solo logra articular un discurso común frente a cuestiones formales.

Con todo, hay sí una arista preocupante en los dichos cuestionados. Denotan ellos falta de sensibilidad, de dominio de lo que podría llamarse el lenguaje de lo público, reflejo tal vez del modo en que la ausencia de una adecuada formación cívica afecta incluso a los sectores más ilustrados de la población.

ESPECTACULARIDAD MEDIÁTICA E INDAGACIÓN PENAL

Pudo pensarse que el desenlace del caso Penta -por el completo descalce entre su resultado judicial y la expectación que suscitó- impondría nuevos estándares de sobriedad en las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público. La espectacularidad mediática con que se ha llevado en estos días la investigación sobre abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica sugiere que tal lección no ha sido del todo asimilada. El abuso sobre menores es una materia de máxima gravedad. Por lo mismo, la fiscalía debe concentrarse en la indagación acuciosa de los hechos, sobre la base, obviamente, de que la Iglesia colabore. La creación de ambientes comunicacionales de condena anticipada cuestiona una base del debido proceso, la presunción de inocencia. Los representantes del Ministerio Público no debieran contribuir a ello. (El Mercurio)