Toda empresa vive bajo una disciplina que rara vez le exigimos a un gobierno: lo que no se mide, no mejora. Los gobiernos se evalúan casi siempre por sus intenciones, y las democracias por sus procedimientos. Muy pocas veces por lo que efectivamente producen.

Durante buena parte del siglo XX esa asimetría no importó, porque las dos cosas coincidían: la democracia liberal entregaba crecimiento, movilidad social y reglas confiables para invertir, de modo que defenderla por principios era, en la práctica, lo mismo que defenderla por resultados. Ese acuerdo tácito empezó a resquebrajarse, y ahí conviene detenerse: no en si la democracia sigue siendo deseable –lo es–, sino en si sigue siendo, en los hechos que la gente vive a diario, la que mejor entrega lo que promete.

La ciencia política tiene un nombre para esta fractura. El politólogo Fritz Scharpf distinguió entre legitimidad de input: el gobierno del pueblo sostenido en elecciones libres, y legitimidad de output: el gobierno para el pueblo; medida en lo que efectivamente resuelve. Chile sigue midiéndose casi solo por la primera: preguntamos si hubo elecciones limpias, rara vez si el sistema entregó el crecimiento, la seguridad o la movilidad que prometió. Esa omisión permite que la legitimidad de origen funcione como una renta perpetua, exenta de revisión, mientras el desempeño se deteriora en silencio.

Los números no dejan mucho espacio para la duda. La más reciente Encuesta de Confianza de la OCDE, de fines de 2025, ubica a Chile entre los países con menor confianza en su Congreso: apenas 16%, muy lejos del grupo que supera el 50%. La confianza en los partidos ronda el 11%, y en el gobierno nacional apenas el 26%. Latinobarómetro muestra, además, una caída sostenida en la satisfacción con la democracia en toda la región.

Esto importa más allá del malestar de una encuesta. El Nobel de Economía Douglass North explicó por qué: las instituciones existen para reducir la incertidumbre. Cuando una sociedad deja de confiar en que las cumplirán, sube el costo de invertir, de cooperar, de planificar a largo plazo. La confianza no es un ánimo pasajero, es la infraestructura invisible que sostiene cualquier cálculo de futuro; y cuando se agrieta, la factura llega tarde, pero completa.

De ahí que ciclos electorales tan distintos respondan, en el fondo, a una misma lógica. Argentina giró hacia Milei tras años de estancamiento e inflación. El Salvador sostiene a Bukele con niveles de aprobación inéditos, tras una caída drástica de los homicidios, aunque el costo institucional siga –con razón–, en discusión. En Europa, partidos antes marginales hoy gobiernan o condicionan gobiernos en Italia, Francia o Alemania. Sería perezoso reducirlos a una misma etiqueta ideológica: comparten el diagnóstico que los hizo posibles; un electorado que dejó de creer que el sistema anterior podía producir resultados.

Conviene ser honesto sobre el peligro de este argumento. Gobernar por resultados es la lógica que usan también los autoritarismos eficientes –Singapur, China– para justificar la ausencia de competencia electoral. Si la democracia compite solo en desempeño, puede perder frente a un autócrata capaz. La respuesta no es abandonar la exigencia de resultados, sino rechazar que desempeño y proceso compitan entre sí. Un tablero serio debe incluir, con el mismo peso que el crecimiento, independencia judicial, transparencia y protección de minorías, precisamente lo que ninguna autocracia eficiente puede sostener en el tiempo.

Las democracias rara vez colapsan de un día para otro. Pierden algo más lento: la confianza de sus ciudadanos en que el sistema puede resolver lo que de verdad les importa. Cuando ese activo se deprecia, siempre aparece alguien dispuesto a ofrecer una alternativa más rápida, con menos controles y con evidencia inicial de que funciona.

La pregunta no es cómo convencer a más gente de que la democracia es moralmente superior; esa batalla probablemente ya la ganamos. La pregunta incómoda es si estamos dispuestos a someterla al mismo escrutinio de resultados que exigimos a cualquier institución de la que depende nuestro bienestar, y a aceptar que, si los números no acompañan, el problema no es la democracia como idea, sino la nuestra. (El Líbero)

Gabriela Salvador