El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio salió de un mitin de campaña en Quito en 2023 y caminó hacia su vehículo. Instantes después, unos hombres armados abrieron fuego.

Murió minutos después. La noche del 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio salió de un mitin de campaña en Quito y caminó hacia su vehículo. Instantes después, unos pistoleros abrieron fuego. Murió a los pocos minutos.

Villavicencio fue candidato presidencial en las elecciones de Ecuador. Antes de entrar en política, se había forjado una reputación como periodista de investigación que denunciaba la corrupción en las más altas esferas del gobierno. Había denunciado amenazas de muerte. Le habían proporcionado protección. Nada de eso lo salvó.

Su asesinato conmocionó a Ecuador, pero también reveló algo más profundo. Lo que le sucedió a Fernando Villavicencio, con importantes variaciones locales, se repite con inquietante regularidad en otros países y contextos.

Cuando la corrupción se extiende por las instituciones y se alía con el crimen organizado, deja de ser un problema abstracto. Se convierte en algo mortal.

Para entonces, Ecuador ya había experimentado un aumento vertiginoso de la violencia, la extorsión y la infiltración criminal. Villavicencio había advertido que su país se estaba convirtiendo en un narcoestado. Su asesinato dio un escalofriante respaldo a esa advertencia.

Esta no fue solo una tragedia ecuatoriana; fue una advertencia sobre una situación más amplia que afectaba a gran parte de Latinoamérica y más allá. Un asesinato que reveló la crisis más profunda.

Estamos viviendo una crisis pandémica: una pandemia de decadencia ética que llamo “Pandemética”, que se extiende por la vida política y cívica. El término combina pandemia y ética para describir un proceso en el que la deshonestidad se vuelve rutinaria, la corrupción se tolera y los ciudadanos aprenden a considerar las malas acciones públicas como algo normal.

Como un patógeno, se propaga por contacto y normalización: un abuso impune aumenta la probabilidad de que ocurra otro. Con el tiempo, la resignación reemplaza la indignación. Esto no es simplemente una queja moral; es una forma de nombrar un problema estructural.

Muchos analistas explican la actual crisis democrática a través de la polarización, la desigualdad o las tendencias autoritarias. Estos factores son importantes, pero a menudo describen la superficie de la crisis, no su raíz. Debajo de ellos subyace un debilitamiento de los principios éticos que sustentan la vida pública: la honestidad en el ejercicio del cargo, el respeto a la ley y el sentido de responsabilidad hacia el bien común.

Cuando esos estándares se erosionan, las consecuencias se hacen visibles en instituciones capturadas, una rendición de cuentas fallida y ciudadanos que ya no confían en el Estado.

Cuando la corrupción se convierte en algo cultural

Los datos reflejan esa realidad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, las Américas han mostrado una tendencia a la baja desde 2012 y ahora obtienen un promedio de solo 42 sobre 100, una puntuación que sitúa a la región entre las más afectadas por la corrupción en el mundo. La puntuación de Ecuador cayó de 39 en 2020 a 32 en 2024, una de las mayores caídas en el hemisferio.

Los índices de democracia refuerzan esta situación: América Latina ha registrado más de nueve años consecutivos de retroceso democrático, según International IDEA y el Índice de Democracia de The Economist. Perú se ha visto sacudido por escándalos de corrupción que involucran a cinco expresidentes. Guatemala, por su parte, creó un mecanismo contra la impunidad que gozaba de prestigio internacional, pero que fue desmantelado bajo presión política.

Los distintos países presentan síntomas diferentes, pero el patrón es reconocible: las instituciones siguen existiendo, pero su credibilidad se debilita y su capacidad para frenar los abusos disminuye.

En toda América Latina, la confianza pública se ha erosionado a medida que las libertades civiles se ven sometidas a una presión creciente y la legitimidad institucional se ha debilitado.

Muchos ciudadanos ya no creen que las normas sean justas ni que se apliquen de forma coherente. Esta pérdida de confianza no es un asunto secundario; forma parte de la crisis misma.

¿Por qué la confianza sigue derrumbándose?

Cuando la decadencia ética se vuelve sistémica, aumenta la indignación social. Las protestas se convierten entonces no solo en eventos políticos, sino en señales de un agotamiento cívico más profundo.

Esa ira suele estar justificada. Sin embargo, la ira por sí sola no repara las instituciones. En algunos casos, la protesta legítima se ve infiltrada por actores violentos que canalizan la frustración pública hacia la destrucción y el desorden. Cuando esto sucede, el mismo colapso ético que contribuyó a la crisis comienza a distorsionar la respuesta a la misma.

La impunidad agrava el daño. Cuando los ciudadanos ven cómo figuras poderosas eluden las consecuencias una y otra vez, aprenden una lección peligrosa: las reglas son flexibles y la rendición de cuentas y la justicia dependen del estatus.

Una de las características más llamativas de esta crisis es que no pertenece a una sola ideología. La desconfianza ahora trasciende la izquierda, el centro y la derecha. El declive de Ecuador se ha desarrollado bajo distintos gobiernos. La inestabilidad de Perú ha trascendido las líneas partidistas. Frustraciones similares han surgido en toda la región bajo líderes de diversas identidades políticas.

Esto sugiere que el problema no es meramente partidista. Es cultural e institucional al mismo tiempo.

Las leyes por sí solas no son suficientes

Ese diagnóstico es grave, pero no desesperanzador. La decadencia ética puede extenderse, pero la resistencia ciudadana también puede fortalecerse. Los países con una ética pública más sólida e instituciones más resilientes han demostrado mayor capacidad para contener la corrupción y preservar la confianza. En América Latina,

Uruguay ofrece un ejemplo útil de relativa estabilidad institucional. En otros lugares, las democracias escandinavas siguen demostrando que la rendición de cuentas funciona mejor cuando se sustenta no solo en la ley, sino también en los hábitos cívicos.

Esa distinción es importante. Las leyes son necesarias, pero no suficientes. Los organismos anticorrupción, las reformas constitucionales y los órganos de supervisión pueden ser de ayuda, pero siguen siendo vulnerables cuando la cultura imperante tolera el abuso.

Las democracias no fracasan solo porque asciendan líderes corruptos. También se debilitan cuando los ciudadanos justifican la mala conducta, votan por lealtades clientelistas o dejan de esperar integridad en la vida pública. El declive ético no se impone únicamente desde arriba.

También se reproduce desde abajo, en hábitos de resignación y conformidad. Por ello, la respuesta no puede limitarse a la reforma técnica. Es importante fortalecer las instituciones y mejorar las leyes. Pero la recuperación democrática también requiere educación cívica, liderazgo moral y una renovada convicción de que los cargos públicos existen para servir, no para explotar.

La democracia es más que un procedimiento que se repite en época de elecciones. Es una cultura de responsabilidad, moderación y confianza. Fernando Villavicencio comprendió el peligro. Advirtió que la corrupción mata. Siguió hablando incluso cuando los riesgos eran evidentes.

Su asesinato demostró lo que sucede cuando se permite que la decadencia ética se consolide en impunidad. La pregunta ahora es si las sociedades que enfrentan ese peligro reconstruirán los cimientos morales de la vida pública o seguirán tratando la enfermedad como si fuera solo una fiebre pasajera. (Red NP)

Carlos Cantero

Académico chileno de la Universidad Internacional de La Rioja (España)

Conferencista, asesor y consultor internacional