El plan de reconstrucción no es un truco comunicacional ni una colección de anuncios cosméticos. Tiene un diagnóstico coherente, cinco ejes articulados y metas medibles. Eso ya lo diferencia de una buena parte de los proyectos que ingresaron al Congreso en los últimos cuatro años. Dicho esto, el problema no es lo que contiene: es lo que puede lograr incluso si es aprobado.

La gente no va a leer el proyecto de ley, va a leer su boleta de la luz. No va a apoyarlo porque va en la dirección correcta, lo va a apoyar si da resultados. No va a escuchar los debates del Congreso, va a escuchar las cifras de delincuencia en las noticias. No va a evaluar si el diagnóstico fiscal es correcto, va a ver cómo le queda la billetera al final del mes.

Ese es el barómetro real con el cual no solo se medirá este proyecto, sino con el que en general se miden los gobiernos. Es, al final, lo único que importa cuando llega la pregunta de las encuestas de aprobación y las elecciones.

El plan puede ser técnicamente virtuoso pero si no se traduce en algo que se sienta antes de que termine el año, terminará siendo políticamente inútil.

El presidente anterior no cayó a 30% porque fuera de izquierda. Cayó porque prometió resultados en las áreas que la ciudadanía priorizaba en esos años y al final del mandato no tuvo nada tangible que mostrar. El votante mediano no lo castigó por su ideología. Lo castigó por la ausencia de resultados. Que la ideología lo haya llevado a la ausencia de resultados es una cosa completamente diferente.

Ahora, el plan propone cosas que van en la línea correcta. Por ejemplo, promete bajar el desempleo a 6,5%, crecer 4% anual y equilibrar las cuentas fiscales para el 2030. Son metas legítimas y posiblemente alcanzables si las condiciones acompañan. Pero la aprobación presidencial se mide cada semana y los parlamentarios escuchan a sus distritos más que al mismo Presidente.

El problema es que los plazos del plan y los plazos de la política no corren a la misma velocidad, y el eje más visible lo ilustra bien. La rebaja del impuesto corporativo y los incentivos a la inversión son medidas necesarias para la reactivación económica. Pero sus frutos no se sentirán mañana. Lo que sí se sentirá es el precio de la bencina, el costo del dividendo y la cuota del crédito.

Por lo mismo, la pregunta que el gobierno todavía no ha respondido con suficiente claridad es qué parte de este plan llega antes de fin de año al ciudadano que vota y tiene cuentas que pagar. La exención de contribuciones para mayores de 65 años y la rebaja transitoria del IVA a la vivienda son medidas concretas, pero su alcance tiene que comunicarse mucho mejor y mucho más rápido.

La oposición va a rechazar el plan, como lo haría con cualquier plan presentado por este gobierno. Eso es una constante, no una variable de una oposición que pasó cuatro años en el gobierno y salió derrotada en la elección pasada con una magnitud que todavía no termina de procesar. Pero, considerando la fragilidad de su capacidad política, lo único útil que puede hacer a esta altura es generar ruido. Suena como poco, pero si el gobierno no obtiene resultados rápido, ese ruido se amplificará hasta encontrar sintonía con la ciudadanía, rimando, a menor escala claro, con lo que pasó en el segundo gobierno de Piñera.

El plan de Kast mete todas las medidas en un solo paquete, lo que puede funcionar como estrategia legislativa. Pero, a pesar de lo que pueda ocurrir allí, la ciudadanía lo va a evaluar en cada medida por separado. Los tres ejes que determinaron el resultado electoral siguen siendo los mismos que determinan la aprobación hoy: seguridad, economía y migración. En los tres, el gobierno tiene avances incipientes, pero nada que influya en la percepción ciudadana todavía, como bien muestran las encuestas de aprobación presidencial.

Si el plan se aprueba, con todas las indicaciones que puedan distorsionarlo, pero los indicadores de seguridad y empleo no se mueven en los próximos seis meses, el gobierno habrá gastado capital político para tramitar una reforma cuyos beneficios no llegarán a tiempo. Ese es el escenario más peligroso, y no porque el plan que salga del Congreso sea incompleto, sino porque llegará tarde. Un gobierno que anuncia grandes transformaciones estructurales sin resultados de corto plazo es simplemente más de lo mismo.

El problema para Kast es que las medidas que el plan introduce tienen costos visibles e inmediatos. Las acusaciones de que la reforma beneficia al capital antes que al trabajo ya llegaron, mientras que los beneficios son difusos e inevitablemente tardíos. Esa asimetría es la que tiene que gestionar con una precisión que el gobierno anterior nunca logró, y el relato que explique por qué lo que parece hecho a la medida de las grandes empresas terminará beneficiando a la clase media todavía no existe. Hay medidas que pueden adelantarlo. La rebaja transitoria del IVA a la vivienda nueva, la exención de contribuciones para adultos mayores y los incentivos a la contratación formal en pymes son todas de efecto potencialmente rápido, pero solo si el gobierno las comunica con la misma energía con que presentó el plan completo.

Así, el problema de fondo no es fiscal ni económico. Las soluciones están en el plan. Lo que no está todavía es el tiempo para demostrarlas ni el relato para sostenerlas mientras tanto. El gobierno Kast necesita entender que hasta que la clase media perciba que algo cambió a su favor, no podrá gobernar con tranquilidad. Y si no construye ese relato, serán otros los que lo construyan por él. Por eso, la pregunta que importa no es si el plan es correcto. Es si el gobierno puede sobrevivir políticamente el tiempo suficiente para demostrar que funciona. Si lo logra, el plan se convierte en el inicio de algo distinto. Si no lo logra, el plan, como el gobierno, arriesga convertirse en otra promesa rota. (Ex Ante)

Kenneth Bunker