Que el 10% más rico pueda elegir la educación de sus hijos o la protección de la salud de sus familias es tolerado por ellos, no sé si por pragmatismo o por costumbre. Pero la clase media, ahí sí que no.
Por eso la batalla es enconada allí y los progresos que Chile hizo en mejorar la calidad de los servicios para la clase media en los ochenta y los noventa se convirtieron en el blanco preferido de la izquierda. En este afán, no trepidan en perjudicar abiertamente a las personas, ya sea negándoles el acceso a servicios de mayor calidad o deteriorando, a través de la regulación, la provisión privada.
El caso de la salud es paradigmático. Solo el 15% de los chilenos tiene acceso a un seguro de salud de carácter privado. El sistema isapre, que llegó a captar al 18% de la población y amenazaba con subir rápidamente su cobertura, ha sido hostilizado de diversas maneras. Primero, negando a las personas la posibilidad de elegir a través de un subsidio a la demanda. ¿Sabía usted que si el Estado divide lo que gasta en salud por el número de asegurados de Fonasa (restando los bienes públicos, como vacunas y otros), cada uno de ellos podría comprar un plan en una isapre mucho mejor que el que tiene ahora? Bueno, el Estado se los niega. No solo eso. El gobierno de Piñera había avanzado en extender el Fonasa de libre elección a más beneficiarios del seguro público, de manera que pudieran elegir la clínica u hospital en donde se atenderían. El gobierno de Bachelet lo echó para atrás. Por último, la ministra Helia Molina, en una decisión imperdonable, detuvo la construcción de hospitales por el sistema de concesiones, dejando a una gran población sin atenderse y engrosando las listas de espera, pues el Minsal no fue capaz de construir los hospitales directamente por pura ineficiencia.
En Previsión, la izquierda en el gobierno no ajustó nunca los parámetros básicos del sistema (tasa de cotización, edad de jubilación) de capitalización a la nueva realidad de Chile, en materia demográfica y laboral durante más de 30 años, provocando bajas pensiones para las expectativas de los chilenos. Adicionalmente, discriminó contra los pensionados del sistema de capitalización a la hora de rediseñar el Pilar Solidario, lo que los lleva a menores pensiones.
En Educación, el gobierno de Bachelet ha intentado una verdadera demolición de la provisión privada, afectando a las escuelas con fines de lucro con todo tipo de prohibiciones y restricciones (sin ninguna evidencia de que rindan peor que las que no lo tienen); atacando a los padres de los alumnos de educación particular que optaron por aportar dinero de su bolsillo, a través del financiamiento compartido, al eliminar esta opción, y a los padres de la mayoría de los niños de Chile que optan por la educación privada, al no permitirles elegir el colegio para sus hijos, que serán asignados a los colegios con un sistema de tómbola.
Paradojalmente, la resistencia de los padres en defensa de sus colegios ha llevado a que los mayores perjudicados sean los colegios municipales, de los cuales los alumnos huyen, por su indisciplina, los constantes paros y tomas, creando así un círculo vicioso de deterioro de la educación pública.
El gobierno de Piñera, en cambio, intentó avanzar en la provisión de educación pública de calidad, creando los colegios Bicentenario, que en distintas ciudades de Chile intentaban replicar los casos paradigmáticos del Instituto Nacional y otros colegios públicos de excelencia.
Bachelet eliminó los colegios Bicentenario y el Instituto Nacional, que ahora no podrá seleccionar a sus alumnos, ha bajado sustancialmente su calidad.
La batalla que viene es devolver los patines a los alumnos de la educación particular y subir a ellos a los de la educación pública. Lo mismo en Salud. La izquierda no lo hará jamás. (El Mercurio)
