La autopercepción que tenemos los chilenos de nuestro país -una apreciación que debiera ser más general que la que emana de nuestra experiencia cotidiana-, se forma principalmente a partir de la información que nos proveen los medios de comunicación y los relatos que se formulan repetidamente en esos medios -entre los que las redes sociales tienen desde hace un tiempo una influencia determinante-. Esta autopercepción es un factor trascendental, porque influye significativamente en el sistema político, que se alimenta de ella para la elaboración de políticas públicas, la prioridad que les atribuye y la urgencia que les asigna.
¿Qué autopercepción teníamos los chilenos en la década pasada? ¿Cuáles fueron los relatos predominantes para configurar la autopercepción que contribuyó, por ejemplo, al acaecimiento del estallido social? ¿Y cuáles son los que configuran la autopercepción que prevalece en estos días entre nosotros? Es lo que veremos a continuación.
La autopercepción que dominó largamente en la sociedad chilena durante la década pasada fue influida por tres relatos principales, sintetizados a su vez en consignas de inevitable impacto comunicacional, a saber: el país más desigual del mundo; la “Constitución tramposa”, la de “los cuatro generales” (Boric dixit); y, el robo legalizado de las AFP. Estos tres relatos, cada cuál más lacerante que el otro, configuraron, entre otros, la autopercepción de país abusado -y, en última instancia, la de un sistema político y económico ilegítimo- que no podía sino producir ya no solo malestar sino que una rabia generalizada, que finalmente se manifestaría en un desborde social.
Por cierto, colaboraron en la autopercepción de país abusado las malas prácticas de algunas empresas que dieron lugar a escándalos que, uno tras otro, no dieron tregua a ciudadanos y consumidores ya muy sensibilizados por los tres relatos antes referidos. Pero cabe notar que mientras esas malas prácticas fueron rápidamente sancionadas, y corregidas sus causas para evitar su recurrencia, no ocurrió lo mismo con las nociones que se asociaban a los relatos de la Constitución tramposa, el robo legalizado de las AFP y la más alta desigualdad del mundo, que siguieron incólumes -cuando no se tornaron todavía más intensos- hasta la ocurrencia del estallido social.
¿Qué sociedad sería capaz de permanecer impasible cuando la mayoría de sus integrantes se han convencido que abusos y atropellos de semejante calado se encuentran institucionalizados -ni más ni menos que en la mismísima Carta Fundamental y en las leyes promulgadas a su amparo-, es decir, que se practican recurrentemente por las propias instituciones destinadas a impedirlos o morigerarlos, resultando en la distribución de bienestar más desigual del planeta?
¿Cuántos ciudadanos, persuadidos de que eran víctimas de un sistema perverso que los timaba sin tapujos, se dispusieron a acabar con él de la única forma que les parecía posible, esto es, a través de métodos violentos en tanto la vía institucional -se les decía hasta la saciedad-, no era otra cosa que una trampa sin salida?
No era juicioso suponer que una sociedad, percibiéndose así de engañada y expoliada, se iba a mantener impávida por mucho tiempo. Sometida a la exposición reiterada de los relatos más corrosivos imaginables para la cohesión social -que comenzaron a ser difundidos a partir del movimiento estudiantil en 2011-, era más que probable que estallara en un desborde social de las características del que acaeció en octubre de 2019.
Lo extraordinario -y trágico- de nuestro caso es que ninguno de esos relatos tenía asidero en la realidad. Los retiros de los fondos de pensiones demostraron más allá de toda duda la falacia del “robo legalizado de las AFP”. Por otro lado, diversos estudios mostraban entonces que la sociedad chilena, aunque todavía desigual, no era la más inequitativa del mundo ni mucho menos. Ni siquiera lo era en América Latina. Y mostraban, además, que la desigualdad en el país estaba disminuyendo, alcanzado los niveles más bajos de su historia. Finalmente, la “Constitución tramposa” es la misma que nos sigue rigiendo después de dos intentos frustrados por reemplazarla, sin que parezca que la Carta Fundamental sea el origen de los problemas de seguridad y crecimiento que agobian actualmente a los chilenos, ni tampoco un obstáculo para enfrentarlos oportunamente.
Si acaso la autopercepción de buena parte de la sociedad chilena en la década pasada, gestada sobre la base de relatos inexactos -cuando no falaces- que dieron sustento a una imagen de una sociedad profundamente abusada por sus instituciones, incidió decisivamente en la ocurrencia del estallido social y en la radicalización de no pocos de sus integrantes -sobre todo los más jóvenes-, es posible concluir que se está en presencia de un factor crítico de la mayor importancia para el devenir del país y para su institucionalidad política, que se nutre como ninguna de esa autopercepción para elaborar y proponer cursos de acción. (El Líbero)
Claudio Hohmann
