El Presidente José Antonio Kast se reunió este lunes en La Moneda con los máximos dirigentes de los partidos oficialistas, en medio de la preocupación del sector por el desempleo, la caída del Gobierno en las encuestas y las diferencias que persisten en torno a los indultos presidenciales.
Hasta Palacio llegaron Arturo Squella, presidente del Partido Republicano; Guillermo Ramírez, de la UDI; Andrea Balladares, de Renovación Nacional, y Luciano Cruz-Coke, de Evópoli. Los dirigentes sostuvieron primero una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y posteriormente se encontraron con el Mandatario.
Squella explicó que las reuniones con Kast se están desarrollando periódicamente y destacó que permiten mejorar tanto la coordinación con el Ejecutivo como la relación entre las distintas colectividades que respaldan al Gobierno.
La cita se produjo en un escenario complejo para La Moneda. Además del deterioro registrado en los últimos sondeos de opinión, el oficialismo mantiene especial preocupación por la situación del mercado laboral. La tasa de desocupación llegó a 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, cifra que ha instalado el empleo entre las principales prioridades políticas del sector.
Por esa razón, uno de los asuntos centrales de la reunión fue la agenda laboral. Los partidos también esperaban abordar la elaboración de la Ley de Presupuesto, que debe ingresar al Congreso antes de finalizar septiembre, además de fortalecer los mecanismos de coordinación política entre el Ejecutivo y sus aliados.
El propio Kast vinculó este lunes parte de la caída en las encuestas con las dificultades económicas que enfrentan las familias. En entrevista con Radio Agricultura, señaló que el aumento de los combustibles representó un primer impacto para la evaluación de su administración.
“El golpe inicial fue el tema de los combustibles, el bencinazo”, sostuvo el Presidente, quien defendió la decisión de no recurrir a un mayor endeudamiento público para contener sus efectos.
Kast también identificó el desempleo como uno de los factores que están influyendo en la percepción ciudadana sobre su administración y sostuvo que el país todavía enfrenta las consecuencias de un prolongado período de bajo crecimiento.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, coincidió en que la debilidad económica está afectando las expectativas ciudadanas y reconoció que corresponde al Ejecutivo adoptar medidas para enfrentar la crisis laboral.
Alvarado anticipó que la próxima Ley de Presupuesto tendrá entre sus prioridades incentivar la inversión y fortalecer programas capaces de contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo.
El Ejecutivo, sin embargo, pretende combinar ese objetivo con una política de contención fiscal. Kast adelantó que el Presupuesto será “austero” y aseguró que el gasto público no crecerá más de 1%.
La evolución de las encuestas también es seguida con atención por los partidos oficialistas. El senador UDI Javier Macaya manifestó su confianza en que la economía mejorará durante el próximo año, pero advirtió sobre el riesgo político de que el Ejecutivo llegue demasiado debilitado a 2027.
La situación laboral ha llevado a la UDI y al Partido Republicano a aumentar la presión para acelerar iniciativas relacionadas con el empleo. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), planteó este lunes impulsar un fast-track legislativo para avanzar con mayor rapidez en proyectos destinados a enfrentar la desocupación.
Parlamentarios republicanos, por su parte, han propuesto utilizar la discusión presupuestaria de 2027 como una herramienta para potenciar políticas destinadas a estimular la generación de puestos de trabajo.
En paralelo a la agenda económica, el oficialismo enfrenta diferencias respecto de los indultos solicitados para personas condenadas por distintos delitos, entre ellas uniformados sentenciados por hechos ocurridos durante el estallido social.
El debate se intensificó después de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, informara que existen más de 100 solicitudes pendientes y que la mayoría corresponde a hechos ocurridos en 1973.
Kast reiteró que no aplicará un criterio general y que cada solicitud será analizada individualmente. “Se va a resolver caso a caso y no hay una norma general. No va a haber un indulto general”, afirmó.
El Mandatario tampoco comprometió una fecha para adoptar decisiones y mencionó las enfermedades terminales como uno de los antecedentes que podrían considerarse al evaluar beneficios por razones humanitarias.
La indefinición generó críticas desde sectores que respaldan al Gobierno. El senador republicano Ignacio Urrutia cuestionó al ministro Rabat y atribuyó la demora en la resolución de los indultos a una supuesta falta de eficacia de la cartera.
Squella salió en defensa del secretario de Estado y calificó esas críticas como injustas, asegurando que Rabat está realizando “un gran trabajo” al frente del Ministerio de Justicia.
Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma sostuvo que las solicitudes deben efectivamente ser revisadas caso a caso, pero advirtió que las decisiones no deberían postergarse hasta el final del mandato. Asimismo, respaldó la posibilidad de conceder indultos por razones humanitarias cuando las circunstancias lo justifiquen.
En la oposición, en cambio, la posibilidad de beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad ha generado cuestionamientos y rechazo, agregando un nuevo foco de confrontación política a una discusión que también divide a sectores del oficialismo.
Las reuniones de este lunes reflejan así el intento de La Moneda por reforzar la coordinación con sus partidos en un período marcado por tres desafíos simultáneos: recuperar apoyo ciudadano, responder al deterioro del mercado laboral y administrar diferencias internas en asuntos políticamente sensibles como los indultos. (NP-ChatGPT-La Tercera)
