El Presidente José Antonio Kast reafirmó que el Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena, en medio de la expectativa por una eventual derogación en Argentina del decreto 457, que contiene referencias al territorio como un “espacio compartido”.

El Mandatario abordó el tema durante una actividad en la Región de Magallanes, donde presentó un programa destinado al mejoramiento de viviendas y barrios. En la oportunidad recordó el Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Chile y Argentina en 1984 y destacó el papel que tuvo ese acuerdo para resolver las diferencias territoriales entre ambos países.

Kast sostuvo que el tratado permitió aclarar las controversias relacionadas con el dominio y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y enfatizó que este es chileno, condición que, afirmó, ha sido reconocida por autoridades de ambos países.

El Presidente hizo estas declaraciones en la sede Juan Pablo II y recordó la visita que el pontífice realizó a la zona después de la firma del acuerdo de 1984 entre Chile y Argentina.

Durante la actividad, Kast también respondió consultas de la prensa regional sobre la situación económica y la posibilidad de establecer un subsidio para la compra de combustible en Magallanes. El jefe de Estado señaló que una medida de ese tipo puede ser analizada, pero condicionó su eventual implementación a la disponibilidad de recursos públicos.

El Mandatario reconoció que los últimos indicadores económicos no han sido favorables, aunque sostuvo que deben analizarse dentro de un escenario más amplio. Afirmó que las dificultades económicas y laborales responden a factores acumulados durante un período prolongado y manifestó su expectativa de que las reformas legales y los proyectos de inversión permitan mejorar las cifras de crecimiento y empleo.

Kast también se refirió a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por su administración y a los cuestionamientos surgidos desde integrantes del Partido Republicano. El presidente de esa colectividad, Arturo Squella, y el senador Cristián Vial habían señalado que no habrían respaldado una iniciativa similar si hubiese sido presentada por la excandidata presidencial Jeannette Jara.

Frente a esos planteamientos, el Presidente sostuvo que un eventual gobierno encabezado por Jara difícilmente habría promovido una reforma de esas características y vinculó su argumento con las diferencias que ambos sectores mantuvieron durante la campaña presidencial en materias como migración y seguridad.

El jefe de Estado defendió además la agenda de su administración contra el crimen organizado y el terrorismo y afirmó que la seguridad y el empleo se encuentran entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Respecto de las críticas que han calificado de “iliberal” la reforma constitucional, Kast rechazó esa interpretación y sostuvo que el proyecto mantiene mecanismos institucionales de control. Entre ellos mencionó el recurso de amparo, la acusación constitucional, las interpelaciones y las comisiones investigadoras, además de regulaciones que deberán establecerse mediante una ley orgánica constitucional.

El Mandatario afirmó que la discusión legislativa recién comienza y manifestó su expectativa de que el Congreso analice la propuesta considerando las necesidades de seguridad del país.

Kast también entregó su respaldo al alcalde de San Bernardo, Christopher White, tras las amenazas que ha recibido y destacó la captura de un prófugo vinculado al caso. Anunció que buscará reunirse con el jefe comunal cuando regrese a Santiago y aseguró que el Gobierno continuará persiguiendo a integrantes del crimen organizado que se encuentren prófugos.

En ese contexto, el Presidente relacionó el caso con otro de los objetivos de su reforma constitucional: modificar aspectos del sistema penitenciario para permitir el aislamiento de personas que continúen organizando actividades criminales desde recintos carcelarios.

Kast defendió las facultades de Gendarmería para adoptar medidas de aislamiento respecto de internos considerados de alta peligrosidad y, junto con señalar que respeta las atribuciones de los tribunales, planteó que las decisiones judiciales deberían permitir que la institución penitenciaria cumpla adecuadamente su labor. (NP-ChatGPT-Emol)