El presidente José Antonio Kast aseguró que el Presupuesto 2027 no afectará derechos adquiridos o beneficios establecidos legalmente y manifestó su disposición a modificar la fórmula de la reforma constitucional en materia de seguridad, siempre que se entreguen al Estado mayores herramientas para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

En entrevista con Radio ADN, el mandatario abordó la elaboración del erario para el próximo año, cuya presentación ante el Congreso Nacional está prevista para el 30 de septiembre. La discusión se produce en momentos en que los ministros de Salud, May Chomali, y de Vivienda, Iván Poduje, han solicitado públicamente mayores recursos para sus respectivas carteras.

Kast sostuvo que los derechos adquiridos y aquellos comprometidos por ley no serán afectados por eventuales ajustes presupuestarios. Explicó que buena parte de esos beneficios se encuentra establecida legalmente y, por lo tanto, no puede ser objeto de recortes discrecionales.

El jefe de Estado afirmó que el desafío estará en ordenar el uso de los recursos públicos y revisar posibles irregularidades. En ese contexto, mencionó dictámenes de la Contraloría relacionados con licencias médicas, utilización indebida de fondos fiscales y eventuales situaciones de pagos duplicados.

Según Kast, el Gobierno está realizando cruces de información para identificar posibles abusos en el uso de recursos públicos. Al mismo tiempo, aseguró que el objetivo del Ejecutivo es cubrir las necesidades básicas de la población en las principales áreas de la administración estatal.

Consultado específicamente sobre Cultura y Deportes, el Presidente confirmó que ambas materias forman parte de las prioridades que deben ser atendidas. No obstante, recalcó que la discusión debe centrarse también en la eficiencia con que se utilizan los recursos.

En materia de seguridad, Kast se mostró dispuesto a prescindir de la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional si durante la tramitación se encuentra otra fórmula que permita alcanzar los objetivos perseguidos por el Ejecutivo.

El mandatario explicó que la prioridad es contar con herramientas para enfrentar al crimen organizado, establecer mecanismos relacionados con la identificación y pertenencia a organizaciones criminales y modificar aspectos del sistema penitenciario que permitan adoptar medidas de aislamiento contra determinados delincuentes.

Respecto de la propuesta de un quinto estado de excepción, Kast afirmó que el mecanismo específico no constituye el aspecto central de la iniciativa. A su juicio, lo fundamental es incorporar adecuadamente el concepto de seguridad pública y disponer de atribuciones eficaces para responder ante amenazas de alta complejidad.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo podría evaluar distintas alternativas, entre ellas un nuevo estado de excepción, el fortalecimiento de alguno de los mecanismos actualmente existentes o incluso una disposición transitoria, siempre que la fórmula escogida permita cumplir los objetivos de seguridad planteados.

Finalmente, Kast recalcó que las atribuciones contempladas en la reforma deben quedar disponibles para el Estado y no exclusivamente para la administración de turno, con el propósito de fortalecer de manera permanente la capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. (NP-ChatGPT-Emol-ADN)