El Presidente José Antonio Kast elevó este martes la presión política para conseguir respaldo a la agenda de seguridad del Gobierno, justo cuando aumentan las críticas a su reforma constitucional y algunas figuras del propio oficialismo comienzan a plantear abiertamente que debería ser retirada del Congreso.

Durante una ceremonia en la Plaza de la Constitución, donde encabezó la entrega de 26 nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), Kast sostuvo que aumentar los recursos materiales de las policías resulta insuficiente si aquello no está acompañado por herramientas legales y respaldo político.

“Más medios no tienen sentido si no hay voluntad política, si no hay carácter, si no hay decisión para apoyar a nuestras fuerzas policiales”, afirmó el Mandatario.

Kast vinculó directamente el fortalecimiento de las policías con la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo impulsada por La Moneda. “Si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlo, ¿de qué sirven los vehículos? No sirven de nada”, planteó.

Las declaraciones presidenciales coincidieron con un endurecimiento de las críticas dentro de la derecha.

El alcalde de Providencia y exministro Jaime Bellolio (UDI) afirmó que la propuesta gubernamental fue mucho más allá de lo razonable y recomendó retirarla para presentar un nuevo texto.

“A estas alturas es mejor ponerse rojo una vez, sacarla e ingresarla de nuevo”, sostuvo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también advirtió que el estado de excepción contemplado en la reforma “no contará ni siquiera con los votos del oficialismo”, mientras el diputado UDI Mario Olavarría se manifestó partidario de retirar el proyecto y concentrar los esfuerzos en otras iniciativas de seguridad.

El escenario complica particularmente al Ejecutivo en el Senado, donde, de acuerdo con el artículo, el Gobierno todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar.

Otros parlamentarios oficialistas, sin embargo, consideran innecesario comenzar nuevamente la tramitación.

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, propuso resolver las objeciones mediante una indicación sustitutiva: “Pedir retirar un proyecto es querer inhibir el debate parlamentario”.

Una postura similar manifestó el senador RN Andrés Longton, quien calificó como una “mala señal” retirar una iniciativa simplemente porque existan diferencias sobre su contenido.

Desde Republicanos, la diputada Macarena Santelices argumentó que volver a presentar la reforma supondría una pérdida de tiempo frente a la urgencia del problema de la delincuencia.

La discusión deja así una división dentro del oficialismo que ya no gira únicamente en torno a cómo modificar la reforma, sino también respecto de si resulta conveniente mantenerla en tramitación.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, mantiene las reuniones con parlamentarios para intentar acercar posiciones.

Este martes se reunió con el senador independiente Matías Walker, quien reiteró su rechazo a la reforma por considerarla “ineficaz, lenta en su aplicación y contraria a los principios básicos del derecho constitucional moderno”.

Arrau también conversó telemáticamente con parlamentarios del Partido Nacional Libertario. El diputado Hans Marowski afirmó que respecto del denominado quinto estado de excepción todavía existen diferencias importantes.

“Hasta ahora, estamos más en contra que a favor”, resumió.

El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de acotar o modificar los aspectos más controvertidos, particularmente el nuevo estado de excepción. Sin embargo, la controversia ha complicado el diseño inicial de La Moneda: convertir la seguridad en un eje capaz de generar presión transversal para aprobar su agenda. Ahora, antes de convencer a la oposición, el Gobierno enfrenta el desafío de ordenar y asegurar los votos de sus propias fuerzas políticas.