El Gobierno manifestó su disposición a retirar la reforma constitucional sobre seguridad presentada por el Ejecutivo, una vez que ingrese al Congreso una propuesta alternativa elaborada por senadores de la Comisión de Constitución. La definición surgió tras una reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast en el palacio de Cerro Castillo con ministros y parlamentarios involucrados en la tramitación de la agenda de seguridad.

En el encuentro participaron el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el titular de la Segpres, José García Ruminot, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

También asistieron los vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Iván Moreira (UDI) y Ximena Ossandón (RN), respectivamente, además de parlamentarios que encabezan las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas corporaciones.

Entre ellos estuvieron el senador Pedro Araya (PPD) y el diputado Jaime Mulet (FREVS), vinculados a las comisiones de Constitución, además del senador Karim Bianchi (independiente) y el diputado Cristián Araya (Republicano), de las respectivas instancias de Seguridad.

La reforma impulsada originalmente por el Ejecutivo encontró cuestionamientos tanto entre parlamentarios oficialistas como de oposición, dificultando los respaldos necesarios para aprobar su idea de legislar en el Senado.

Uno de los puntos que generó controversia era la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que podría ser decretado por el Presidente de la República durante 120 días y prorrogado por otros 120, sin requerir una revisión del Congreso en los términos planteados inicialmente.

Ante las dificultades para avanzar con la iniciativa, los senadores Andrés Longton y Arturo Squella, junto con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, comenzaron a trabajar en una propuesta alternativa de reforma constitucional en materia de seguridad.

El nuevo proyecto debería ser presentado el próximo lunes y, según lo planteado después de la reunión en Cerro Castillo, serviría como base para intentar construir un acuerdo parlamentario más amplio.

Pedro Araya señaló que el Ejecutivo expresó su disposición a retirar su iniciativa cuando exista formalmente un texto alternativo capaz de abordar los problemas que la propuesta gubernamental pretendía resolver.

El senador Karim Bianchi indicó, por su parte, que el proyecto parlamentario será ingresado el lunes y posteriormente revisado con el Gobierno. Según afirmó, la intención comunicada durante las conversaciones es que el Ejecutivo retire su reforma para permitir que avance la nueva iniciativa.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, introdujo un matiz respecto de los plazos y condiciones para concretar esa decisión. Según explicó, entendió que el Gobierno retirará su propuesta siempre que exista previamente una reforma alternativa que también cuente con su conformidad.

Ossandón sostuvo que la nueva iniciativa debería recoger materias abordadas en el proyecto original, pero mediante una fórmula distinta y con mayores niveles de consenso entre los senadores.

El diputado Cristián Araya descartó, en tanto, que la discusión deba centrarse en si el eventual retiro representa una derrota o un costo político para el Ejecutivo. A su juicio, el objetivo debe ser alcanzar una legislación que entregue nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado, independientemente de que su origen sea gubernamental o parlamentario.

El futuro de la reforma quedará así sujeto a la presentación del nuevo texto y a las conversaciones que se desarrollen desde el lunes. La intención expresada por los participantes es reemplazar una iniciativa que no logró reunir respaldo suficiente por otra que permita construir un acuerdo más amplio en el Congreso sobre las herramientas constitucionales para enfrentar problemas de seguridad pública. (NP-ChatGPT-Emol)