Un importante obstáculo enfrentó el proyecto para construir un nuevo recinto penitenciario en el sector Rondizzoni–Pedro Montt, luego que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara la suspensión inmediata de la resolución que permitía avanzar en su desarrollo.
La decisión fue adoptada por la jueza Rocío Pérez Gamboa, quien acogió una solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y dispuso la paralización de todos los efectos asociados a la autorización otorgada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar la iniciativa.
La medida judicial impide temporalmente continuar con cualquier actuación vinculada al proyecto, incluyendo modificaciones urbanísticas, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y otras gestiones destinadas a concretar la construcción del recinto.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró la resolución y sostuvo que el tribunal respaldó los argumentos planteados por el municipio desde el inicio de la controversia. Según explicó, la administración comunal considera que la iniciativa corresponde a una nueva cárcel y no a una ampliación del penal Santiago 1, por lo que debería cumplir íntegramente las exigencias establecidas en la legislación urbanística vigente.
La acción judicial sostiene que el futuro establecimiento penitenciario se emplazaría en terrenos distintos a los del actual recinto, interpretación que, de acuerdo con el municipio, también ha sido respaldada por informes técnicos elaborados por el Gobierno Regional Metropolitano.
Pese a ello, el Ministerio de Vivienda aprobó la iniciativa bajo la figura de ampliación, amparándose en las disposiciones de la Ley 21.636, promulgada en 2023, lo que permitió agilizar parte de su tramitación administrativa.
Desbordes destacó que la resolución judicial paraliza completamente el avance del proyecto mientras se resuelve el fondo del litigio y afirmó que el fallo constituye una señal relevante para los vecinos y organizaciones que han manifestado su rechazo a la construcción del recinto penitenciario en la zona.
El jefe comunal también hizo un llamado al Ejecutivo para que no recurra de la decisión y evalúe alternativas de ubicación para la nueva infraestructura carcelaria. A su juicio, existen otros terrenos disponibles donde podría desarrollarse el proyecto sin afectar sectores urbanos consolidados.
Aunque el proceso judicial continúa y aún resta que los tribunales determinen la legalidad definitiva de la resolución ministerial, la decisión representa un revés significativo para los planes del Gobierno y mantiene en suspenso el futuro de una de las principales iniciativas destinadas a ampliar la capacidad penitenciaria de la Región Metropolitana. (NP-ChatGPT-Emol)