La justicia confirmó el sobreseimiento definitivo del exalcalde de La Florida y actual senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, en la querella presentada por los propietarios del loteo El Rincón, quienes lo acusaban de diversos delitos vinculados al incumplimiento de obligaciones de urbanización de un proyecto inmobiliario que arrastra conflictos judiciales desde comienzos de la década de 1980.
El origen del caso se remonta a 1982, cuando la crisis económica afectó el desarrollo del loteo ubicado en el sector cordillerano de La Florida, provocando la quiebra de las inmobiliarias responsables y dejando inconclusas las obras de urbanización, entre ellas la conexión de agua potable y alcantarillado. En ese contexto, la Municipalidad de La Florida hizo efectivas las boletas de garantía destinadas a financiar dichos trabajos.
Décadas después, los propietarios del predio iniciaron diversas acciones judiciales contra el municipio y, tras obtener fallos favorables en la justicia civil, presentaron en 2024 una querella criminal contra Rodolfo Carter y otros tres funcionarios, imputándoles delitos como desacato, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, asociación ilícita, fraude y otros ilícitos.
Sin embargo, el 14° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del exjefe comunal, al concluir que no existían antecedentes que permitieran atribuir responsabilidad penal a los imputados. El tribunal calificó la acción como “temeraria e instrumental”, estimando que buscaba trasladar al ámbito penal un conflicto de naturaleza esencialmente civil.
En su resolución, el magistrado Sebastián Zulch sostuvo que los antecedentes expuestos por los querellantes reflejan únicamente discrepancias derivadas de procesos civiles entre las partes y que la acción penal pretendía obtener una prestación económica sobre una controversia que incluso podría considerarse concluida.
Como consecuencia de esta decisión, el tribunal condenó a los querellantes al pago de las costas del proceso, mientras que el Ministerio Público quedó excluido de dicha obligación al adherir a la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa.
La resolución fue posteriormente revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó íntegramente el fallo de primera instancia. El tribunal de alzada concluyó que la querella no contenía una descripción de hechos susceptibles de configurar los delitos denunciados y respaldó el criterio de que los elementos expuestos no satisfacen los requisitos de los tipos penales invocados.
Tras la confirmación judicial, el abogado José Pedro Silva, representante de Rodolfo Carter, destacó que tanto el Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones descartaron la existencia de responsabilidad penal y afirmó que la resolución despeja de manera definitiva cualquier cuestionamiento sobre la actuación de sus representados, agregando que la defensa evalúa ejercer nuevas acciones legales. (NP-ChatGPT-La Tercera)
