El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, informó que su cartera ha recibido más de 100 solicitudes de indulto y que la mayoría corresponde a personas vinculadas con hechos ocurridos en 1973. El secretario de Estado precisó que los antecedentes todavía se encuentran bajo análisis y que el Presidente José Antonio Kast aún no ha revisado los casos.
En entrevista con Mesa Central de Tele13, Rabat explicó que las carpetas han sido ordenadas progresivamente y que un número importante se encuentra actualmente en su escritorio para ser estudiado.
El ministro señaló que la legislación no establece un plazo para resolver las solicitudes y que tampoco se ha impuesto un período determinado para completar su revisión. Argumentó que cada expediente requiere un estudio cuidadoso antes de llegar a una conclusión favorable o desfavorable.
Respecto del origen de las peticiones, Rabat afirmó que son “mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973”. Consultado por solicitudes relacionadas con condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social de 2019, confirmó que también existen, aunque aseguró que son “muy pocas”.
El secretario de Estado recalcó que los antecedentes permanecen en el Ministerio de Justicia y que todavía no han sido sometidos a consideración del Presidente Kast.
Según explicó, el criterio acordado con el Mandatario consiste en revisar individualmente cada solicitud. Una vez concluido el análisis administrativo de los expedientes, se adoptará una decisión según los antecedentes particulares de cada caso.
Las declaraciones se producen en medio de las solicitudes formuladas desde sectores libertarios y republicanos para conceder indultos. Rabat había señalado previamente que no enfrenta presiones para resolver los expedientes.
El ministro también abordó la decisión del Gobierno de no realizar actividades oficiales de conmemoración por el 11 de septiembre. Explicó que, transcurridos 53 años desde los acontecimientos de 1973, la prioridad del Ejecutivo es concentrarse en los problemas y necesidades actuales de la población.
Rabat reconoció que los integrantes del Gobierno pueden mantener posiciones personales respecto de esa fecha, pero sostuvo que, en su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos, debe privilegiar las responsabilidades institucionales y una mirada orientada hacia el futuro.
La autoridad se refirió además a la decisión adoptada el viernes por el pleno de la Corte Suprema de remover a 11 jueces por el mal uso de licencias médicas. Los magistrados deberán abandonar sus cargos una vez que las respectivas resoluciones sean dictadas y queden ejecutoriadas.
Rabat vinculó la determinación con los estándares éticos que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, planteó al asumir el cargo en marzo de 2026.
Aunque precisó que todavía no se conoce el contenido íntegro de las resoluciones, sostuvo que la decisión responde a la necesidad de mantener un comportamiento ético intachable entre quienes integran el sistema judicial. (NP-ChatGPT-Emol-Mesa Central C13)
