El 9° Juzgado de Garantía de Santiago determinó postergar por aproximadamente seis meses la audiencia de preparación del juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La instancia, que estaba programada para este martes, fue reprogramada para el próximo 4 de agosto luego de que el tribunal acogiera la solicitud de la defensa de la imputada. El argumento central de sus abogados se basó en la necesidad de contar con más tiempo para revisar la totalidad de los antecedentes de la investigación y garantizar así el derecho a una defensa técnica adecuada.
Cristóbal Bonacic, abogado defensor de Barriga, sostuvo que la Fiscalía no entregó oportunamente los documentos requeridos, lo que habría dificultado el análisis de las pruebas. Según el jurista, la postergación es una medida necesaria para ejercer una defensa debida ante la complejidad de la causa. Por su parte, la exalcaldesa reiteró a su llegada a tribunales que el juicio oral es la única instancia para demostrar su inocencia, aprovechando la ocasión para cuestionar públicamente al actual edil de Maipú, Tomás Vodanovic, quien figura como querellante en el proceso.
Cathy Barriga enfrenta acusaciones por doce delitos reiterados, entre los que se incluyen fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 23 años de presidio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) elevó la petición a 37 años de cárcel, tras estimar un perjuicio fiscal cercano a los $32 mil millones durante su gestión municipal. La jueza Claudia Burgos Sanhueza validó el nuevo cronograma para revisar estas graves imputaciones.
Desde la vereda de la persecución, el fiscal Felipe Sepúlveda descartó que la reprogramación represente un revés para la Fiscalía. Explicó que el proceso continuará con actuaciones previas y que, una vez cumplido el plazo en agosto, se podrá avanzar definitivamente hacia la etapa de juicio. El caso sigue captando la atención pública debido a la magnitud del monto defraudado que se investiga y las altas penas solicitadas por los organismos querellantes contra la exautoridad comunal. (NP-Gemini-El Mostrador)