El juez federal Sebastián Casanello ordenó este fin de semana 16 allanamientos en domicilios, oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y empresas proveedoras, tras la filtración de audios que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su hermano, el presidente Javier Milei, en un supuesto esquema de corrupción ligado a la provisión de fármacos.
En los procedimientos, la policía incautó 266.000 dólares y 7 millones de pesos argentinos en sobres, además de celulares, computadores, pasaportes y documentación sobre licitaciones.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y se basa en grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, removido de su cargo tras el escándalo. En los audios, cuya autenticidad aún no se confirma, Spagnuolo habría señalado que Karina Milei recibía un porcentaje mensual de las operaciones y mencionó también a Hernán “Lule” Menem, asesor cercano de la funcionaria, y a Eduardo Kovalivker, dueño de la empresa Suizo Argentina, proveedora de medicamentos.
El presunto esquema involucraría sobreprecios y pagos de comisiones ilegales en la compra de fármacos. Spagnuolo asegura tener registros de conversaciones con Karina Milei que probarían su participación.
Mientras la Casa Rosada guarda silencio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se limitó a señalar: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Son temas que tiene que investigar la Justicia”.
La investigación avanza en un clima político complejo, a dos meses de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el oficialismo busca consolidar poder parlamentario. Entre tanto, los audios continúan circulando en redes sociales y medios, amplificando la presión sobre el gobierno de Milei. (Red NP-ChatGPT-T13-Agencias)
