El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles dictó veredicto condenatorio contra siete personas por su participación en un ataque incendiario ocurrido en octubre de 2023 en la ruta que une Los Ángeles con Antuco. Entre los culpables destaca Rafael Pichún Collonao, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y Bastián Llaitul, sobrino del líder de la organización, quienes fueron señalados como piezas clave en la planificación y ejecución del sabotaje contra la industria forestal.
La investigación de la Fiscalía estableció que el atentado fue minuciosamente coordinado desde agosto de ese año. Tania Zagal, vecina del sector «Cabeza de Diuto», proporcionó información estratégica y mapas detallados sobre las faenas de empresas forestales a Pichún, quien luego instruyó a Bastián Llaitul para verificar el terreno. La logística final incluyó el reclutamiento de sujetos desde diversos puntos del sur del país, quienes se desplazaron hasta la provincia del Biobío para ejecutar el plan.
Durante la madrugada del 13 de octubre, cinco de los condenados interceptaron camiones en el fundo Humenco, propiedad de Forestal Arauco. Bajo amenazas con armas de fuego y tras golpear a los conductores, los atacantes utilizaron combustible para incendiar dos vehículos de carga, cuyas pérdidas fueron avaluadas en más de 500 millones de pesos. En su huida, los sujetos intentaron atropellar a funcionarios de Carabineros antes de ser capturados tras una persecución.
El tribunal condenó a Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos y Roberto Garling como autores materiales de incendio y amenazas. En tanto, Rafael Pichún y Tania Zagal fueron sentenciados como facilitadores y coordinadores estratégicos del delito. A pesar de las condenas por los ataques, el tribunal optó por absolver a los imputados del cargo de asociación criminal, fijando la lectura de sentencia para el próximo 20 de enero.
Este fallo coincide con una nueva ola de violencia en la región, que incluyó ataques recientes contra brigadistas forestales en Curanilahue. Las autoridades vinculan estos hechos a grupos que buscan obstaculizar el combate de incendios para facilitar el robo de madera. La condena representa un hito judicial en la persecución de las estructuras operativas de la CAM que actúan en la zona del Biobío. (NP Gemini ElLíbero)
