La justicia argentina ordenó suspender el avance de un proyecto de explotación petrolera desarrollado por las compañías Rockhopper y Navitas en aguas próximas a las islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina.

La decisión fue adoptada por un tribunal federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, que acogió una medida cautelar solicitada por organizaciones argentinas que plantearon posibles riesgos ambientales asociados al proyecto Sea Lion.

Según el fallo citado por AFP, la resolución dispone que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o comenzar actividades de extracción de hidrocarburos mientras no se cumpla el procedimiento de evaluación ambiental exigido por el tribunal.

“La abstención ordenada se mantendrá hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, señala la resolución judicial.

El alcance efectivo de la medida es objeto de una controversia jurisdiccional vinculada a la disputa de soberanía. El Reino Unido administra las islas y no reconoce la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre el archipiélago y sus aguas circundantes.

Londres denomina Falkland Islands al territorio y ha concedido licencias para actividades pesqueras y de exploración de hidrocarburos. Argentina, por su parte, considera que esas autorizaciones son unilaterales y sostiene que vulneran sus derechos soberanos sobre las islas y los espacios marítimos que reclama.

El proyecto Sea Lion es desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. De acuerdo con los planes anunciados por las compañías, la etapa de producción de petróleo está prevista para comenzar en 2028.

La acción judicial fue promovida por una organización de abogados ambientalistas junto con excombatientes argentinos de la Guerra de las Malvinas de 1982. El conflicto armado terminó con la rendición argentina y dejó 649 militares argentinos y 255 británicos muertos.

La resolución se produce además en momentos en que el gobierno del presidente Javier Milei ha reforzado públicamente el histórico reclamo argentino sobre el archipiélago, manteniendo que la controversia debe resolverse mediante mecanismos diplomáticos y pacíficos.

El Ejecutivo argentino también anunció la reactivación de un proyecto para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y anticipó el envío de una iniciativa al Congreso destinada a endurecer las sanciones contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización de Buenos Aires.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido permanece abierta en Naciones Unidas. La Resolución 2065 de la Asamblea General, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas e invitó a ambos gobiernos a continuar negociaciones para encontrar una solución pacífica.

Argentina sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales sobre soberanía. El Reino Unido, en tanto, defiende el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y mantiene su administración del territorio. Las posiciones de ambas partes continúan siendo incompatibles respecto de la soberanía del archipiélago. (NP-ChatGPT-Excelsior-agencias)