La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes en la causa conocida como “Vialidad”, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta.
La resolución ratifica lo dictado en 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que ordenó incautar activos por un monto cercano a los 685.000 millones de pesos, equivalentes a unos 480 millones de dólares, considerados como el perjuicio ocasionado al Estado. La medida alcanza a un total de 111 bienes vinculados a la exmandataria, su entorno familiar y al empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.
En una primera etapa, el proceso avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con Fernández y sus hijos, mientras que más de 80 bienes corresponden a Báez y empresas asociadas a la trama investigada. El tribunal rechazó los argumentos de las defensas, validando los criterios utilizados para identificar los activos sujetos a decomiso.
Los jueces señalaron que la medida busca recuperar recursos obtenidos mediante actos de corrupción y evitar que los beneficios del delito permanezcan en manos de los condenados. Asimismo, establecieron que el decomiso puede extenderse a bienes transferidos a terceros, incluso aquellos adquiridos por herencia, si se determina su origen ilícito.
El fallo incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien cuestionó que en algunos casos no se analizaron suficientemente los planteamientos de las defensas respecto a bienes heredados por los hijos de la exmandataria.
La causa investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en la condena de Fernández en 2022, sentencia que quedó firme en 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema. (NP-ChatGPT-Bio Bio-Agencias)