El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, calificó como “preocupantes” los nuevos antecedentes surgidos en la investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades relacionadas con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), indagatoria que ahora incluye diligencias vinculadas a parlamentarios.
Durante la mañana, funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente y de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones realizaron diligencias en distintos domicilios de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. La investigación apunta a eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco relacionados con contratos adjudicados a la Sociedad de Servicios de Alimentación Soser S.A.
Entre las personas indagadas figuran los senadores Sergio Gahona, de la UDI, y Miguel Ángel Calisto, independiente. En el marco de las diligencias autorizadas judicialmente, también fueron revisadas sus respectivas oficinas en el Congreso Nacional.
Peña sostuvo que la aparición de parlamentarios en las pesquisas constituye un antecedente nuevo que amplía las líneas investigativas. El director de Junaeb señaló que espera que las diligencias permitan esclarecer completamente los hechos y terminar con prácticas que, según afirmó, durante años han perjudicado a la institución.
El directivo indicó que desconocía hasta esta jornada los detalles de los eventuales vínculos entre los parlamentarios y los hechos investigados. Añadió que tomó conocimiento de esos antecedentes a partir de la orden judicial y explicó que la Fiscalía incorporó nuevos tipos penales a las indagatorias.
Según Peña, los antecedentes inicialmente entregados al Ministerio Público estaban relacionados con un eventual fraude al fisco, prevaricación, negociación incompatible y posibles conflictos de interés. Las pesquisas ahora incorporan eventuales delitos de cohecho y soborno, que el director considera complementarios a la investigación original.
Peña aseguró que Junaeb continuará proporcionando todos los antecedentes solicitados por la Fiscalía y sostuvo que la institución es una de las principales interesadas en que se determine si existieron responsabilidades penales en la adjudicación y ejecución de los contratos.
El director rechazó además que las actuales diligencias correspondan a una reiteración de hechos investigados anteriormente. Afirmó que existen nuevos antecedentes y líneas investigativas que, a su juicio, refuerzan las sospechas sobre eventuales actuaciones contrarias a la normativa y que podrían haber afectado la fe pública y la imagen institucional de Junaeb.
Peña también se refirió a las acciones judiciales presentadas anteriormente en su contra por Soser y por la exdirectora de Junaeb Camila Rubio, quienes lo acusaron de calumnias. El actual director sostuvo que las diligencias conocidas durante esta jornada respaldan la necesidad de investigar sus denuncias y determinar judicialmente si existieron delitos de corrupción.
La investigación contempla además diligencias relacionadas con una funcionaria de Junaeb fuera de la Región Metropolitana, según confirmó Peña, aunque evitó entregar mayores antecedentes debido al carácter reservado de las pesquisas.
Desde el Gobierno, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que corresponde esperar los resultados de la investigación encabezada por el Ministerio Público. Recordó que Junaeb ha enfrentado cuestionamientos durante un período prolongado, incluyendo procedimientos administrativos, informes de la Contraloría y distintas acciones de la Fiscalía.
Alvarado recalcó que el Ejecutivo no emitirá pronunciamientos sobre responsabilidades mientras las diligencias se encuentren en desarrollo y enfatizó que será el Ministerio Público el encargado de determinar las eventuales consecuencias judiciales del caso. (NP-ChatGPT-Emol)