La semana pasada, el juez Daniel Urrutia —cuyo historial activista es conocido por todos— autorizó videollamadas a cuatro reos de alta peligrosidad. Ahora, la opinión pública tomó conocimiento de que el Presidente de la República designó como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Fernando Monsalve, un adherente del Partido Comunista que se querelló contra Piñera y que promovió su destitución. En ambos casos, vemos una vulneración del valor central de la imparcialidad.
Se podría argumentar que, en el caso de Monsalve, todo ataque es necesariamente ad hominem, porque aún no hay una decisión judicial que se pueda criticar. Y respecto de la decisión del juez Urrutia, la columna del domingo de Carlos Peña la defiende con argumentos plausibles.
Pero esto olvida que el valor de la imparcialidad se exige no solo de las decisiones, sino, sobre todo, de la persona del juez. El problema de fondo es que el abogado integrante Monsalve no puede dar garantías de imparcialidad, cualesquiera sean sus antecedentes académicos o profesionales. Por su parte, el juez Urrutia ha puesto en entredicho su imparcialidad con sus acciones del pasado.
Es decir, un justiciable que someta su caso al conocimiento de estos juzgadores difícilmente podrá confiar en la imparcialidad de la decisión. Y si ello es así, en estos casos la fuente de la legitimidad del Poder Judicial está rota. (El Mercurio Cartas)
José Miguel Aldunate
