Alejandro Venegas Oses, de 22 años, fue formalizado este sábado como presunto autor del delito de amenazas simples contra distintas universidades de la Región Metropolitana. El tribunal decretó firma mensual, arraigo nacional y prohibición de ingresar a los establecimientos educacionales determinados durante la audiencia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el joven habría enviado mensajes intimidatorios bajo el seudónimo “Amermelao” contra la Universidad Diego Portales (UDP), la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y la Universidad Alberto Hurtado (UAH).

Venegas, estudiante de Derecho de una de las instituciones amenazadas, habría anunciado mediante correos electrónicos su intención de ingresar armado a recintos universitarios. Los mensajes generaron temor entre estudiantes y funcionarios ante la posibilidad de que las amenazas fueran concretadas.

La situación llevó a distintas casas de estudios a adoptar medidas preventivas, entre ellas la suspensión de actividades presenciales y el traslado de clases a modalidad telemática.

Durante la formalización, la defensa cuestionó las medidas cautelares solicitadas contra el imputado. El abogado Miguel Narváez atribuyó las acciones a una conducta asociada a la inmadurez del joven y pidió al tribunal que quedara sujeto a firma mensual.

Los querellantes, en cambio, argumentaron que el imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y destacaron que las amenazas estaban dirigidas contra integrantes de las comunidades universitarias. También plantearon que existiría una selección de objetivos y una eventual coordinación con terceras personas.

A partir de esos antecedentes, una de las solicitudes formuladas durante la audiencia fue decretar la prisión preventiva de Venegas.

Al resolver las cautelares, el tribunal consideró que los hechos provocaron temor y alteraron el normal funcionamiento de las comunidades estudiantiles y administrativas afectadas. Sin embargo, también tomó en cuenta que durante las diligencias no fueron encontradas armas de fuego y que no se acreditó una eventual pertenencia del imputado a una organización terrorista.

Finalmente, el joven quedó sujeto a firma mensual y arraigo nacional, además de tener prohibido ingresar a las universidades establecidas por el tribunal.

El abogado querellante Francisco Villanueva manifestó posteriormente su disconformidad con la resolución y sostuvo que, a su juicio, correspondía decretar al menos arresto domiciliario total. Añadió que analizarán los antecedentes antes de decidir si presentan una apelación.

La investigación se originó tras una serie de mensajes que advertían de eventuales ataques armados contra establecimientos universitarios de Santiago. El episodio obligó a reforzar medidas de seguridad y reabrió la discusión respecto de los mecanismos disponibles para detectar y prevenir amenazas de este tipo.

El Ministerio Público dispondrá ahora de un plazo de 100 días para desarrollar la investigación y determinar las circunstancias en que fueron realizadas las amenazas, así como establecer la eventual participación de otras personas. (NP-ChatGPT-Bio Bio)