El exministro de Justicia y exprecandidato presidencial José Antonio Gómez volverá a la discusión pública con el lanzamiento de la Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA), una nueva fundación y centro de estudios orientado a promover la probidad, la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública.

La organización será presentada oficialmente el próximo 27 de agosto en un seminario que se realizará en la Cepal y que abordará materias relacionadas con integridad pública, Estado abierto y confianza ciudadana.

Gómez asumirá la presidencia de la nueva entidad, que buscará reunir a representantes del sector público, el mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y actores privados en torno a una agenda común de transparencia institucional.

El exministro señaló que uno de los principales objetivos será contribuir a recuperar la confianza ciudadana mediante un mayor acceso a los datos del Estado y la entrega de información en formatos simples y comprensibles para la población.

Uno de los primeros ejes de trabajo de la RIEA será el uso de inteligencia artificial y algoritmos por parte de organismos públicos, especialmente cuando estas herramientas intervienen en decisiones que pueden producir efectos directos sobre las personas.

Gómez sostuvo que no basta con que las instituciones informen que utilizan sistemas de inteligencia artificial, sino que también debería ser posible conocer los criterios y algoritmos empleados en los procesos automatizados.

El exsecretario de Estado puso como ejemplo el eventual uso de estas herramientas en el sistema judicial, donde, a su juicio, resulta fundamental identificar cómo se adoptan las decisiones, qué criterios intervienen y quién responde por sus efectos.

Entre las primeras propuestas de la fundación figura la creación de un “Registro Verificado de Algoritmos Públicos”, mecanismo que tendría como objetivo comprobar de manera independiente si los organismos del Estado están declarando todos los sistemas automatizados que utilizan.

La iniciativa apunta a que la transparencia no se limite a identificar la existencia de una herramienta tecnológica, sino que permita comprender su funcionamiento cuando influye en decisiones relacionadas con derechos o prestaciones públicas.

Entre los ámbitos que la RIEA pretende poner bajo discusión se encuentran los algoritmos utilizados para priorizar listas de espera, asignar beneficios estatales o definir fiscalizaciones.

La fundación también plantea que los ciudadanos deberían poder conocer cómo se llegó a una determinada decisión automatizada, qué autoridad es responsable y cuáles son las vías disponibles para cuestionarla o solicitar su revisión.

Otra de las propuestas consiste en que la información reunida mediante este registro pueda convertirse en un insumo para las labores fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

Ese planteamiento corresponde, por ahora, a una iniciativa propia de la RIEA y no forma parte del convenio de colaboración que la organización suscribió con la Contraloría el pasado 18 de agosto, en el marco de los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El lanzamiento de la entidad coincide con un debate creciente en el Congreso sobre la obligación de transparentar el uso de inteligencia artificial por parte de parlamentarios y equipos legislativos.

Según la RIEA, uno de los desafíos centrales será fortalecer la gobernanza y fiscalización de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el aparato público, especialmente cuando sus resultados inciden en decisiones administrativas o afectan derechos de las personas.

La organización ha enfatizado que su propuesta no busca frenar el uso de inteligencia artificial en el Estado. Por el contrario, sostiene que estas herramientas también pueden contribuir a detectar irregularidades y riesgos de corrupción, siempre que sean auditables, transparentes y sometidas a mecanismos de control. (NP-ChatGPT-La Tercera)