La disputa legal entre Jetsmart Airlines y el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) ha escalado hasta la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisibles dos recursos de protección interpuestos por la compañía. La aerolínea busca revertir sanciones administrativas que superan los $695 millones (más de 10.000 UTM), aplicadas por el presunto incumplimiento en la entrega de información de pasajeros en vuelos internacionales.
El conflicto se origina en dos procedimientos sancionatorios: uno por 1.650 UTM relacionado con un vuelo desde Buenos Aires, y un segundo, mucho más cuantioso, de 8.390 UTM, por transportar a cerca de 850 personas sin informar los listados correspondientes a la Policía de Investigaciones (PDI). Según la autoridad migratoria, la empresa vulneró la Ley de Migración y Extranjería al no remitir anticipadamente los datos exigidos para el control fronterizo.
Por su parte, la defensa de Jetsmart sostiene que la información fue enviada oportunamente a través del sistema electrónico API/PNR (Advance Passenger Information / Passenger Name Record), mecanismo automático diseñado para este fin. La aerolínea argumenta que el Sernamig pretende multarlos por no presentar la “Declaración General de Vuelo” (GENDEC), un documento que, según la firma, no es equivalente al listado de pasajeros tipificado en la ley, lo que vulneraría los principios de legalidad y tipicidad.
Pese a los argumentos técnicos de la empresa, la Corte de Apelaciones desestimó revisar el fondo de la controversia, señalando que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar estas multas administrativas. Ante este cierre de puertas, Jetsmart presentó recursos de reposición para que el máximo tribunal del país evalúe si existe una afectación a garantías constitucionales, como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, tras agotar las instancias administrativas previas.
La resolución de la Corte Suprema será clave para definir el estándar de cumplimiento exigido a las aerolíneas en la transmisión de datos sensibles y para determinar los límites de la potestad sancionatoria del Estado en materias migratorias. Mientras tanto, las multas permanecen vigentes, representando uno de los mayores montos aplicados a una compañía de transporte aéreo bajo la nueva legislación de extranjería. (NP-Gemini-Emol)