El Cuarto Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia definitiva el pasado 31 de diciembre de 2025, rechazando la inédita demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la exministra Javiera Blanco en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La abogada buscaba una compensación superior a los $476 millones ($387 millones por lucro cesante y $88 millones por daño moral), argumentando que su renuncia al cargo de consejera en 2018 fue producto de presiones ilegítimas.

La defensa de Blanco, encabezada por el abogado Andrés Astudillo, sostuvo que la entonces presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, ejerció un “hostigamiento sistemático” para forzar la salida de la exministra. El punto central de la acusación era una carta enviada por Manaud donde le manifestaba que su condición de imputada en diversas causas penales (Gendarmería, Gastos Reservados y Sename/Ascar) resultaba incompatible con el prestigio y la coherencia del organismo.

Por su parte, el CDE defendió la validez de la renuncia, señalando que fue un acto voluntario aceptado mediante decreto supremo en 2018, sin que existieran vicios en el consentimiento de la demandante.

RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUEZADA

El magistrado Luis Quezada desestimó la acción judicial al establecer que no se logró acreditar una “falta de servicio” por parte del Consejo. Los puntos clave del fallo son:

  • Inexistencia de presión ilegal: El juez definió que la carta enviada por Manaud no constituyó una presión arbitraria, sino la expresión de una preocupación legítima ante un evidente conflicto de interés.
  • Rol del CDE: La sentencia subraya que, dado que el CDE es el titular de la acción penal en defensa del Fisco, la permanencia de una consejera en calidad de imputada afectaba la operatividad y reserva de las investigaciones.
  • Falta de pruebas: El tribunal determinó que los hechos presentados por la defensa de Blanco no fueron suficientes para demostrar que su voluntad fuera doblegada de manera ilícita.

Tras el revés en primera instancia, la defensa de la exministra presentó un recurso de apelación el pasado 31 de enero. El abogado Astudillo calificó el fallo como “jurídicamente insostenible”, afirmando que, aunque la sentencia reconoce ciertas irregularidades, termina justificándolas bajo argumentos que la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar en los próximos meses. (NP-Gemini-La Tercera)