Jeannette Jara cuando el 10 de noviembre de 2016 asumió como subsecretaria de Previsión Social del entonces gobierno de Michelle Bachelet, fue poner publicidad en el diario El Siglo, propiedad del Partido Comunista, misma colectividad donde ella militaba desde los 14 años.
El primer contrato llegó apenas un mes después de asumir, en diciembre de ese año. Era una decisión inédita, ya que ese organismo público nunca había contratado difusión en el semanario del PC, según la información disponible en Mercado Público. Tras la salida de Jara, esa subsecretaría nunca más contrató directamente a El Siglo para publicidad.
Durante 2017 hubo tres contratos más “a dedo” de la Subsecretaría de Previsión Social con ese medio para difundir beneficios laborales, como el seguro de cesantía, educación previsional y seguridad laboral.
67 DEUDAS LABORALES DE EL SIGLO
En su poco menos de año y medio de gestión, Jara selló cuatro contratos con El Siglo por un total de $13.958.700.
Pero lo paradójico era que El Siglo registraba 67 deudas laborales con sus trabajadores precisamente por no pagar el seguro de cesantía, el mismo beneficio que la subsecretaría le pedía publicitar. Incluso, en los tribunales laborales, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) tramitaba 22 demandas contra el semanario del PC, según información disponible en la Dirección del Trabajo.
Por ejemplo, a la empleada Erika Vásquez Gutiérrez no le pagaron 60 cotizaciones de cesantía entre los años 2010 y 2015. Al periodista Roberto Nieri Bravo tampoco le pagaron siete cotizaciones entre 2013 y 2014.
Además, El Siglo tenía otras demandas laborales por no pago de sueldos y cotizaciones. Es el caso del periodista y editor Cristián Pávez Vera, a quien el semanario debió indemnizar luego de despedirlo sin pagarle el aviso previo, las cotizaciones laborales, indemnizaciones por años de servicio y feriados legales entre 2004 y 2007, según dictaminó la jueza Lidia Patricia Hevia Larenas.
Otra demanda laboral que tenía dicho medio era de Eliana Gómez Sáez, a quien tampoco le pagaron luego de despedirla, por lo que el Séptimo Juzgado Laboral de Santiago condenó al diario del PC a depositarle $3,8 millones en 2010.
Por el primer aviso de la subsecretaría en El Siglo se pagó un total $749.700 por media página a color. En el memorándum 454 fechado el 21 de diciembre de 2016 se justificaba de la siguiente forma: “En el marco de la difusión del 10mo Concurso del Fondo para la Educación Previsional (FEP) versión 2017, se requiere contratar publicación de avisos de difusión de este concurso en el semanario El Siglo”.
Curiosamente, dos ganadores de ese concurso del FEP de 2017 fueron CENDA e ICAL, entidades también vinculadas al PC, que recibieron $120 millones de la subsecretaría que dirigía Jeannette Jara.
Una auditoría posterior de la Contraloría develó que ambas entidades del PC cometieron graves irregularidades, como incorporar a personas fallecidas entre sus beneficiarios de los programas de educación. También presentaron planillas con ruts de personas que no correspondían y utilizaron recursos del Estado para promocionar la iniciativa No+AFP, algo que contravenía el fin del programa.
El actual director del ICAL, Fernando Carmona, fue el jefe del equipo programático de la campaña de Jara durante las primarias.
LOS OTROS TRES CONTRATOS
El segundo contrato con El Siglo, en agosto de 2017, fue siete veces más caro que el anterior, alcanzando los $5.712.000. Su objetivo era difundir, paradójicamente, los beneficios del seguro de cesantía que el diario El Siglo adeudaba a sus trabajadores. En cuatro páginas en el semanario, se respondían preguntas básicas, como qué es el seguro, cómo se puede afiliar, cómo funciona y cómo se realizan los pagos.
Por ejemplo, explicaba que los empleadores debían registrar a todos los trabajadores con contrato laboral en la AFC, y que los fondos son propiedad de ellos.
Esa publicidad se hizo en medio de la campaña presidencial de 2017, cuando el PC apoyaba al candidato Alejandro Guillier, y la portada de ese semanario era una foto con el titulo “La ofensiva popular y ciudadana por Guillier”.
El tercer contrato de la Subsecretaría de Previsión Social fue al siguiente mes, en septiembre de 2017, por $1.785.000, con el fin de difundir una campaña de seguridad laboral.
Al mes siguiente, en octubre, se difundieron en El Siglo cuatro páginas de la “Política nacional de seguridad y salud en el trabajo”, por $5.712.000.
El aviso afirmaba que dicha política “la construimos todos, empleadores, trabajadores y gobierno, porque todos somos parte de esta iniciativa, que beneficia al país y a los trabajadores dependientes e independientes, públicos y privados, quienes se verán favorecidos con esta nueva política”.
En esa edición del 10 de octubre de 2017, apenas un mes antes de las elecciones presidenciales, el diario volvía a poner en portada a Guillier con el titular “Reformas, avanzar y profundizar”, y tenía artículos sobre los homenajes al Che Guevara por el 50 aniversario de su muerte.
LEGISLACIÓN PASADA POR ALTO
Durante los años de los contratos, la legislación existente sobre compras públicas, la ley 19.886, establecía en su artículo cuatro que “en caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses”.
“El respectivo servicio (en este caso la Subsecretaría de Previsión Social), deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar”, sostenía dicha legislación.
Sin embargo, pese a lo taxativo de terminar el contrato si no se cancelaban las cotizaciones adeudadas, Jeannette Jara no sólo no les puso término, sino que siguió contratando dichas prestaciones a El Siglo.
En una modernización a dicha ley de compras públicas en 2023, se creó un Registro de Proveedores que establece inhabilidades para sellar contrato con el Estado en caso de tener deudas previsionales.
REPRESENTATE LEGAL DE EL SIGLO
El vínculo directo y legal del Partido Comunista con El Siglo se produce a través de Pablo Monje Reyes, administrador y representante legal del semanario. A su vez, es el actual encargado de finanzas de la campaña presidencial de Jeannette Jara. En esa tarea administra los recursos de la campaña, gestiona la cuenta bancaria, lleva la contabilidad y rinde las cuentas al Servel de ingresos, gastos y donaciones.
En septiembre de 2022, la junta de accionistas de la Editorial Siglo XXI -que controla El Siglo-, modificó la empresa creada en 2001 para convertirla en Inversiones Siglo XXI SpA, según publicó Ex Ante. “La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a don Pablo Aurelio Lenin Monje Reyes”, señala el Diario Oficial.
Pablo Monje maneja los hilos económicos del PC desde hace casi dos décadas. Es miembro del Comité Central y director ejecutivo del think tank del partido, ICAL, entidad que fue la sede del comando de Jara en las primarias. Además, ICAL administró la quebrada Universidad Arcis a través de varias sociedades, en que Monje también tuvo un rol.
