La frase la acuñó James Carville en 1992 para recordarle a Bill Clinton dónde estaba la verdadera batalla: It’s the economy, stupid. Treinta y cuatro años después llega a Chile con puntualidad casi irónica. La última encuesta Cadem, al cumplirse el primer mes del gobierno de Kast, registra un vuelco que pocos anticipaban con esta velocidad: la economía y el empleo pasan a ocupar el primer lugar en las prioridades ciudadanas con un 65%, registrando un alza de 24 puntos. La seguridad, que por años lideró las preocupaciones, cae al segundo lugar con un 56%.

El detonante tiene nombre: el bencinazo del 26 de marzo. El gobierno confirmó un alza de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y entre $570 y $580 en el diésel. Detrás está una confluencia de factores que el gobierno no controla pero cuyo costo político igual paga: el conflicto en Medio Oriente bloqueó el Estrecho de Ormuz y el precio del barril Brent acumuló un alza superior al 50% en menos de tres semanas. A eso se sumó la decisión del gobierno de no aplicar el MEPCO, el mecanismo de estabilización que amortigua estos shocks. El resultado fue un ajuste abrupto que la ciudadanía experimentó de golpe.

Lo que el precio de la bencina activa no es solo el costo de llenar el estanque. Es una cadena que toca todo lo demás. El diésel mueve el 98% de los bienes en Chile, y con un alza del 62% en este combustible, los costos operacionales de transporte se encarecen hasta un 25%.

Esa presión se traslada sin demora a los alimentos, especialmente los perecibles: el impacto en el precio final puede fluctuar entre un 5% y un 10% dependiendo de la distancia entre los centros de producción y los puntos de venta. La lechuga, el tomate, las frutas: todo sube antes de que el IPC lo registre oficialmente.

Chile es además el país de la OCDE con la mayor alza en el precio de la bencina de 95 octanos, con un incremento de 14,2%. Y el efecto inflacionario ya está en marcha: los economistas proyectan un cierre de inflación para 2026 en torno al 4%, por sobre la meta del Banco Central.

En ese contexto — inflación en alza, con el precio de los combustibles en su nivel más alto en años, presupuesto familiar bajo presión — el Presidente Kast usó su primera cadena nacional para anunciar el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. La iniciativa pretende bajar el impuesto de primera categoría del 27% al 23%, lo que el gobierno califica como el nivel más competitivo de las últimas dos décadas. La rebaja será gradual: 1,5 puntos en 2026, 1,5 en 2028 y 1 punto en 2029, llegando al 23% recién en ese año.

El problema de fondo es de una ironía que no requiere mucho subrayado. Un gobierno que lleva semanas repitiendo que las finanzas públicas están deterioradas, que no hay plata, que el gasto debe contenerse — ese mismo gobierno propone ahora reducir los impuestos a las grandes empresas en cuatro puntos porcentuales.

La pregunta que la oposición ya instaló es sencilla: ¿cuánto dejará de recaudar el Estado con esta medida? La promesa de que la rebaja se pagará sola vía mayor inversión y empleo es un argumento conocido. Es también un argumento que la evidencia comparada no respalda con la contundencia que sus defensores sostienen. Los empleos no aparecen por decreto tributario, y mientras tanto el Estado recauda menos en un momento en que necesita más.

Lo que agrava el cuadro es la apuesta legislativa que hay detrás. El gobierno concentró toda su agenda del primer semestre en este único proyecto de cuarenta medidas, y los apoyos reales con que cuenta hoy son más frágiles de lo que la cadena nacional sugería. La bancada de Renovación Nacional ordenó sus filas en la Cámara Baja, pero con resistencias que no desaparecieron del todo.

El Partido Nacional Libertario manifestó un apoyo preliminar, pero con correcciones abiertas. Y el factor decisivo es el Partido de la Gente: sus votos son clave para asegurar mayoría, y la bancada ya instaló su propio paquete de condiciones bajo el nombre de “Salvataje a la clase media”, dejando en claro que no entregará cheques en blanco. La oposición de izquierda y centroizquierda, en tanto, ha adelantado su rechazo en las condiciones actuales. El gobierno apostó el todo a una sola carta. Si el naipe no cierra, no hay plan B visible.

Al cierre del primer mes, un 52% considera que el gobierno ha sido peor de lo que esperaba. No es un juicio definitivo — un mes es poco — pero sí una advertencia precisa: la ciudadanía que paga más por la bencina, por el pan y por la cuenta de la luz no está esperando que bajen los impuestos a las grandes empresas. Está esperando que le alcance el sueldo hasta fin de mes.

Carville tenía razón en 1992. Y sigue teniéndola. (Ex Ante)

Pablo Hidalgo