Luego de que el derecho a la salud y la creación de un «Sistema Nacional de Salud» de carácter universal, público e integrado pasaran a formar parte del borrador de la nueva Carta Fundamental, la Asociación de Isapres hizo una serie de críticas a las normas aprobadas por la Conveción Constitucional.
En primer lugar, el gremio señaló a través de un comunicado que la propuesta como tal «termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse».
«Lo aprobado obliga a los más de tres millones de afiliados y pacientes a migrar al sistema público, con los conocidos problemas que éste tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías«, agregan.
Desde la perspectiva de las aseguradoras «se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios. Pero lo más importante: sin ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado«.
En este contexto, aseguran que «lo aprobado es contrarío, incluso, a la opinión que han entregado diversos expertos en salud y exautoridades».
Junto con ello, reiteraron que «las normas que están impulsando no apuntan a mejorar el sistema, sino que precarizan más la salud. Ello, pues se centran en imponer restricciones a la cooperación público-privada, en lugar de garantizar que se cumplan las expectativas de las personas que requieren una salud digna, mediante mejoras en el acceso y la calidad de las atenciones de salud».
«Hay que ser precisos: se tendrán que asumir los costos económicos, sociales y sanitarios de dejar a tres millones de pacientes a la deriva», advierte la asociación.
Finalmente, las isapres expresaron su «solidaridad con los afiliados, pacientes, y beneficiarios del sistema privado y con los millones de usuarios del Fonasa. Entendemos sus preocupaciones ante este verdadero salto al vacío que ha definido la Convención Constitucional«. (Emol)