El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución crucial en torno a la Ley Corta de Isapres, generando un revuelo en el ámbito de la salud privada del país. Por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, el TC acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores oficialistas, otorgando un giro significativo al debate en curso.
El requerimiento tiene luz verde y un comunicado emitido por la Asociación de Isapres enfatiza que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la inclusión de la mutualización en el cálculo de los excesos generados por la aplicación de las tablas de factores es una atribución exclusiva del Ejecutivo.
Desde el gremio aseguran que el TC no ha declarado inconstitucional el uso de la mutualización, ya que no fue solicitado por ninguno de los requirentes para su análisis. Por consiguiente, a su juicio, esta opción sigue siendo viable, pero su implementación queda sujeta a la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El comunicado de las isapres de Chile también enfatiza la urgencia de encontrar una solución a la prolongada crisis que afecta al sector privado de la salud, con consecuencias negativas tanto para los pacientes como para los prestadores durante los últimos 18 meses. Se destaca la importancia de restablecer el equilibrio financiero como única vía para normalizar la operación de las Isapres, cumplir con los fallos judiciales y evitar efectos nocivos en el sistema de salud en su conjunto.
Con el plazo otorgado por la Corte Suprema a punto de expirar en dos meses, las isapres manifiestan que la responsabilidad recae ahora en el Gobierno para determinar si adoptará las recomendaciones técnicas y propondrá un cumplimiento de los fallos con una metodología que garantice la estabilidad del sistema.
Se hace un llamado a actuar con premura, ya que soluciones tardías podrían resultar inútiles para evitar un desenlace no deseado por ninguna de las partes involucradas. (El Mostrador)
LA DECLARACIÓN
PLAZO PARA LAS INDICACIONES
El jueves 28 de marzo, el Ejecutivo deberá ingresar indicaciones a la ley corta de isapres, para ser discutidas en la Comisión de Salud de la Cámara. Uno de los nudos del trámite está en la fórmula de cálculo de la deuda y desde el Senado emanó como alternativa la mutualización. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de dicha fórmula –que rebajaba la deuda en 780 millones de dólares respecto de lo establecido por el Gobierno– y ahora el Ejecutivo tiene menos de una semana para llegar con una alternativa que logre consenso en el Parlamento, donde no tiene mayoría.
El panorama en el Congreso, para darle salida a la ley corta de isapres, la que pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver cobros en exceso, no es muy esperanzador. Parlamentarios advierten que el trámite en la Cámara seguramente va a derivar en una comisión mixta para despachar la ley. Esto, sin embargo, con los tiempos acotados, pues a fines de abril se cumple el plazo para darle cumplimiento al fallo.
La mutualización de lo adeudado por las isapres apareció como alternativa luego de que la Comisión de Salud del Senado convocara a una Comisión Técnica que ofreciera alguna respuesta para recalcular la deuda que había ofrecido preliminarmente la Superintendencia de Salud. Esta rondaba en los 1.400 millones de dólares y con esta fórmula la deuda caía a 400 millones de la moneda estadounidense.
Desde ahí que el oficialismo interpretó la mutualización como un “perdonazo” a las isapres, y la oposición, en cambio, como una alternativa que le daba estabilidad al sistema, ponía a las aseguradoras fuera de riesgo de quiebra y daba cumplimiento al fallo, pues se pagaba lo adeudado. Finalmente, en el trámite en el Senado, la oposición logró despachar el proyecto con este mecanismo incluido.
Senadores oficialistas interpusieron argumentos contra dicho artículo ante el TC y este terminó por darles la razón. Sin embargo, desde la oposición no interpretaron el fallo como una inconstitucionalidad de la mutualización, sino que lo atribuyen a que esta nació producto de una moción parlamentaria. Entonces, ahora instan al Gobierno a presentar esa iniciativa.
El RN Francisco Chahuán, quien fue parte del trámite en el Senado, sostuvo que “lo que hace el fallo del TC es transferirle la responsabilidad al Gobierno para lograr, tal como ellos han señalado, un equilibrio financiero del seguro privado de salud”.
El UDI senador Sergio Gahona fue más específico e indicó que, como la iniciativa de la mutualización correspondía a un tema de seguridad social, es una atribución específica del Presidente. “Lo que tiene que venir ahora es que el Gobierno se allane y que presente la indicación en el Congreso, de tal manera de darle viabilidad y patrocinio a la iniciativa de la mutualización”, sostuvo el senador.
Voces al interior del Ministerio de Salud afirman que el Ejecutivo no se va a allanar a aquello. Más bien, durante esta semana buscará una alternativa, pero preliminarmente están por mantener lo que se ha dicho: diez años de plazo para pagar la deuda sin retiro de utilidades, a menos que esta se pague, avanzar en Fonasa con cobertura complementaria y mantener el monto de la deuda en 1.180 millones de dólares.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió en su momento al tema y planteó que lo que resolvió el TC era un aspecto relativamente técnico y marcó un tiempo: “Lo que conocimos ayer fue esencialmente el veredicto. Y para profundizar, en lo que resolvió en el fondo el tribunal, uno debería ver la fundamentación de la sentencia”.
Ahora, Cordero aclaró que el Ejecutivo “ha sido muy claro sobre este punto (la mutualización), una modalidad de esas características implica alterar el contenido de la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Suprema que tiene una obligación de restitución para cada afiliado”.
Otra alternativa de pago que se ha levantado es que las isapres paguen también a través de bonos o acciones y, sobre eso, el ministro Cordero aseguró que “la ministra Aguilera lo planteó porque es una de las evaluaciones que tiene el Ejecutivo”.
El diputado democratacristiano Eric Aedo forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara y asegura que desde su bancada ingresarán esa indicación. En todo caso, adelanta que “finalmente se va a discutir en una comisión mixta de senadores y diputados. Esa es la verdad”.
Bajo esa óptica, Aedo cree que “no va a haber un acuerdo de concordancia entre el Senado y la Cámara de Diputados y eso va a significar en los hechos que esa comisión mixta va a tener que tener un acuerdo político”. En dicho acuerdo cree que, probablemente, se incorpore “no sé si mutualización, pero sí darle estabilidad financiera a la salud privada hacia el futuro y por otra parte las isapres devolviendo el dinero que mal cobraron a sus usuarios”.
El diputado frenteamplista Patricio Rosas también será testigo del trámite en la Comisión de Salud y sobre la propuesta de los bonos cree que “no es un mecanismo justo para quienes se les cobró de más, dado que el precio de las acciones no se puede asegurar que sea equivalente a lo adeudado”.
En primer lugar, plantea que “las isapres son un negocio que se debe separar en el análisis de los prestadores de salud privada que tienen contratos en general con Fonasa y están ampliándolo”.
Sobre la mutualización, Rosas cree que “no puede aplicarse en forma retroactiva para netear la deuda de las isapres, porque el cobro en exceso existió y no se extingue por aquellos a quienes no se les cobró en exceso (esa era el razonamiento de la ‘mutualizacion’) y no hay espacio ni técnico ni político para insistir en esa vía”.
El parlamentario indica que se debe ser precisos en las indicaciones, pues “deben dejar claro que las isapres ni sus empresas relacionadas pueden quebrar y crear una nueva isapre, para no pagar sus obligaciones” y tampoco “pueden implicar un perdonazo de la deuda e incumplimiento del fallo de la Corte Suprema”.
Para las aseguradoras, lo más importante es que la metodología que se determine permita restablecer el equilibrio en el sistema, cumplir los fallos de la Suprema, para así permitir la continuidad en las coberturas de las personas, que –aseguran– se encuentra gravemente amenazada.
Asumen que no recibirán las utilidades en 10 años y que el monto de 1.180 millones de dólares a pagar, que propone el Ejecutivo, es una cifra amenazante para algunas aseguradoras. Sin embargo, otro factor que también inquieta a las isapres es el tiempo, dado que, si no hay claridad del futuro a la brevedad, algunas podrían quebrar antes de haber recibido una respuesta del mundo político.
Pasadas las 16 horas de ayer, la Asociación de Isapres compartió un comunicado (Declaración Agich 220324 (1)) en el que se referían al fallo del TC. “El Tribunal no ha indicado que sea inconstitucional utilizar la mutualización, pues ninguno de los requirentes solicitó un análisis de la materia. Por lo tanto, esta opción sigue siendo válida, aunque depende de Ejecutivo su aplicación”.
El gremio apuntó que “mientras esto se debate, el sector privado de salud atraviesa una grave crisis que se ha prolongado 18 meses, con impacto en pacientes y prestadores” y que “lo crucial es que la solución permita restablecer el equilibrio financiero, única manera de normalizar la operación de las isapres, cumplir los fallos y evitar nocivos efectos sistémicos”. (El Mostrador)
