El triunfo del rechazo en el último plebiscito constitucional tuvo entre sus causas los descomedidos privilegios que dicha carta fundamental intentó entregar a los pueblos originarios, al extremo de asignarles Estados dentro del Estado.
De acuerdo con los argumentos usados por sus partidarios, la norma tenía por objetivo proteger sus tierras ancestrales de la pérdida permanente en favor de los colonos, para así darles posibilidades de proteger el medio ambiente y tener una mejor calidad de vida.
Una gran parte de la población apoyó estas demandas por casi un siglo y hasta antes del inicio de la violencia en los territorios indígenas y la citada Convención Constitucional. Pero la miopía de los estrategas políticos de ese sector fue evidente: los venció la sobre ideologización con la que actuaron y su encierro en el Congreso Nacional, olvidando la participación ciudadana que enarbolaron como bandera ante el país.
En la nueva convención constitucional que se inicia en junio se alza ahora como amenaza el otorgamiento de privilegios ciegos e indebidos a los empresarios propietarios de las Isapres, argumentando el salvataje del sistema. Avanzar en esa dirección sería como volver a repetir el mismo despropósito, sólo que al otro lado del tablero político-social.
Un “perdonazo” para las Isapres, trasgrediendo u olvidando todo el conocimiento acumulado por la teoría y práctica financiera, sería un error político y técnico. El problema técnico a resolver es de liquidez, como el que puede enfrentar cualquier empresa, organización o sector económico.
Las finanzas empresariales son el área del conocimiento que se preocupa de que las empresas no quiebren y conviertan en utilidades y retornos financieros todo su accionar, manteniendo a la organización financieramente estable y sana.
Los negocios requieren inversión previa para su realización; y la inversión, de financiamiento a largo plazo, el cual es proporcionado tanto por el mercado de capitales, como por capital propio de los accionistas o socios. Para tales efectos, la regla financiera es: sin utilidades, no hay financiamiento; sin financiamiento no hay inversión y, no habiendo inversión, no hay negocio.
Esa es la razón primaria por la que las empresas buscan tener utilidades altas, porque son la clave para crecer y desarrollarse, lo que transforma la rentabilidad en la principal señal de una buena gestión.
Medidas de corto plazo, como las que se han propuesto para superar la crisis de las Isapre deben evaluarse en el largo plazo. En tal marco, un “perdonazo” tendría efectos severos en la confianza en la economía y la política, junto con afectar la propia eficiencia de esas organizaciones. No resolver el problema por la sana vía del camino financiero, constituiría un abuso a vista y paciencia de la ciudadanía y expresaría una sobreideologización de sus respectivos partidarios, similar a los privilegios que la fallida carta propuesta por la Convención ofrecía a los pueblos originarios.
Las Isapres son empresas de propiedad privada; y por lo tanto, para la solución estructural a sus problemas de liquidez financiera (que es el riesgo de quiebra), la vía correcta es el financiamiento de largo plazo, elevando su capital de trabajo.
Para mejorar el capital de trabajo se debe aumentar la estructura de capital, usando, primero, el aporte de sus dueños actuales y/o futuros, emitiendo acciones y/o reteniendo de utilidades; y luego, optimizando su operación, sumando con ello los fondos que proporcionen flujos operacionales del año al aumentar los ingresos, así como las economías de gasto para recurrir, finalmente, al mercado de capitales, por mediante la emisión de bonos de deuda y obtención de créditos bancarios de largo plazo, como recomienda la literatura y práctica financiera.
El bono del Estado
Si tras hacer todo aquel esfuerzo empresarial, abonando la deuda con los usuarios y habiendo sido verificado el pago por expertos de la Contraloría General de la República, la Isapre no lograra generar los recursos suficientes para cubrir sus deudas con las personas; y dada la importancia de la actividad en el país, correspondería que el gobierno financie un bono emitido por las Isapres para cubrir el diferencial en una segunda rueda de pagos de saldos, para luego cancelar el bono al Estado en un periodo de tiempo prudente, todo lo cual debiera ser materia de ley.
Una solución técnica al problema de liquidez, junto con un bono de salvación, permitirá que estas organizaciones cumplan parcialmente con el fallo de la Corte Suprema. Un “perdonazo” con la lógica de “salvar el sistema de Isapres a cualquier precio”, sin las consideraciones y correcto uso de las técnicas financieras, sería una grave falta a la ética y un abuso que recaería sobre la reputación de las propias firmas. Asimismo, dañaría seriamente a los afectados y la convivencia nacional, al transformar una deuda en apropiación indebida.
Estado subsidiario
Un tema de la magnitud del de la crisis de las Isapres, corresponde, primero, resolverlo en su dimensión financiera. Sin embargo, dada la coyuntura, además debería ser llevado a discusión en el marco de la redacción de la nueva carta fundamental. El “Estado de los empresarios”, fundado en la lógica del Estado subsidiario, refiere a agentes diferentes al Estado mismo que realizan alguna actividad económica, pero no a empresarios que se han apoderado ilegítimamente de alguna actividad económica.
Corresponderá a la Convención y a los ciudadanos a través del plebiscito de salida, definir si el país mantendrá un Estado subsidiario -que está en la base del “Estado de los empresarios”- o discutir sobre el nacimiento de un Estado social, democrático y económico de derechos, en el que todos los chilenos y sus organizaciones económicas puedan aportar a la provisión de servicios públicos y al desarrollo de la nación.
Pero al otorgarse a la Isapres privilegios indebidos se consolida un “Estado nacional de los empresarios”, uno que ha venido desarrollándose desde hace casi 50 años, al privatizarse la economía y negar toda posibilidad de cohabitación con la propiedad estatal, la cooperativa y la pública, que tienen otros fines y que la empresa privada no necesariamente cumple.
El Estado subsidiario ha posibilitado a grandes empresarios nacionales controlar mercados de consumidores, proveedores y de trabajadores, con la sola excepción de los mercados de capitales y el tecnológico, dada su pertenencia a grandes transnacionales. Dicha posición dominante ha sustentado su influencia sobre el sistema político, al financiar en muchos casos el gasto electoral de candidatos.
El gran argumento para la posición monopólica de la empresa privada en la actividad nacional ha sido su eficiencia, la que se ha asociado a cifras de utilidades y a la acumulación de riquezas, consecuencia de su actividad.
Pero tal perspectiva olvida las expropiaciones de empresas, apropiaciones de rentas del trabajo y de pequeños proveedores, así como los altos precios aplicados a los productos, a lo que se suma la privatización de las empresas del Estado en los años 80, y el 50% de las remuneraciones de los trabajadores tercerizados hacia finales del siglo pasado. Históricamente, su eficiencia y utilidades reales no son, entonces, tan altas, como ha instalado el marketing en el imaginario colectivo, permitiéndoles ganar el prestigio que ostentan.
Para alcanzar el desarrollo es necesario un rebalance de las fuerzas entre lo público y lo privado, mejorando los mecanismos de competencia. Un ejemplo sería la ampliación en la provisión de servicios públicos por parte del Estado, brindados por la propiedad cooperativa (de propiedad de los cooperados) y la propiedad pública (de propiedad de los miembros de la organización), junto con la creación de nuevas empresas nacionales de carácter estratégico en sectores en que los privados no pueden o no quieren accionar. (Red NP)
Basilio Torres
Profesor de Finanzas de Empresas
